WALLMAPU. 3 AÑOS DE ESTADO DE EXCEPCIÓN Y DE GUERRA CONTRA EL PUEBLO MAPUCHE
El 19 de mayo, con motivo de cumplirse 3 años de haberse decretado el Estado de Excepción en el Wallmapu, en forma continua y prolongada, por el gobierno de Boric es que el Hogar de Estudiantes Mapuche Relmilikan y el Lonko Víctor Queipil concurrieron a La Moneda a dejar la presente carta que fue dirigida a Grabiel Boric (presidente de Chile), a Álvaro Elizalde (ministro del Interior) y a Adriana Delpiano (ministra de Defensa). El texto señala:
A tres años del estado de excepción en Walmmapu, territorio mapuche, es de nuestra consideración plantear nuestra postura frente a la situación actual:
El pasado de 6 de mayo se hizo entrega al Presidente de la República, Gabriel Boric Font, el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. En el marco de dicha ocasión el diputado Francisco Huenchumilla -quien no es legitimado como representante por el Pueblo-Nación Mapuche- hizo la siguiente declaración: «Se trata en el fondo de resolver el conflicto que no se ha podido solucionar en 30 años». Sin embargo, no estamos hablando de un conflícto de treinta años sino de siglos.
La deud histórica comienza en el siglo XI como una estrategia legal para la colonización del Wallmapu de la mano con la creción de la Provincia de Arauco el 2 de julio de 1852 bajo la presidencia de Manuel Montt Torres. Con este hecho, se efectuó la colonización con el Ejército de la Frontera, los cuales instalaron los primeros fuertes colonizadores en el año 1862 en Tirúa, Quidico y Lebu.
Ya para el siglo XX el Estado de Chile realizó múltiples matanzas en territorio mapuche como fue la matanza de Ranquil en 1934 ocurrida en la región del Alto Bío Bío; fue el resultado de un conflicto por la concentración de las tierras en manos de latifundistas. Todo comenzó cuando el gobierno de Ibañez del Campo, respaldado por el Decreto Nº 3.871 del 14 de agosto de 1929, entregó una gran extensión de tierras de la zona a la familia Puelma Castillo, uno de los grandes terratenientes de esos años.
La reacción de los mapuche y campesinos de la época, ante la medida del gobierno culminó en la creación del Sindicato Agrícola de Lonquimay. En este contexto, una delegación viajó a Santiago , logrando derogar el Decreto Nº 3.871 y se emitieron el Decreto Nº 265, publicado el 27 de marzo de 1931, convirtiendo el territorio en la Colonia Agrícola de Ranquil. Sin embargo, tras la caída de Ibañez. Sin embargo, tras la caída de Ibañez y la llegada al poder de Arturo Alessandri, la nueva administración favoreció nuevamente a los latifundistas como los Puelma y Bunster, desatando el conflicto en Ranquil y la posterior matanza de mas de 400 personas, sin contar los no registrados.
El Tratado de Tapihue formado en 1824 por Ramón Freire buscó asegurar la paz y la no intervención del Estado chileno en el territorio Mapuche, sin embargo, este no fue respetado. En este sentido planteamos la comparación con el tratado de Bolivia de 1904 de Paz y Amistad, en el cual se declararon los limites de territorio y se promovió la relación diplomática entre ambos países. Este tratado sigue respetando hasta el día de hoy, usado incluso como argumento, por parte de Chile, para no darle acceso marítimo soberano a Bolivia.
Frente a esto, afirmamos que quién quebró el acuerdo de convivencia entre ambas naciones -mapuche y chilena- en el territorio, fue el Estado de chileno y es este el responsable de reparar su transgresión al tratado.
Ya en pleno siglo XXI podemos ver cómo el Estado de Chile -sin exceptuar a ningún gobierno de turno- persiste en las mismas prácticas coloniales de hace dos siglos. El estado de excepción no es una situación excepcional: se ha convertido en una estrategia sistémica de control, represión y criminalización de nuestro pueblo. Vivimos en un territorio militarizado donde el «diálogo» fue reemplazado por tanquetas y fusiles, pero sigue la lógica de la ocupación del territorio mapuche.
Mediante este mecanismo -el estado de excepción- se justifica la criminalización de las demandas mapuche, permitiendo condenas sin pruebas, juicios políticos y procesos judiciales donde se vulnera gravemente el debido proceso en contra de nuestra gente.
A esto se suma la utilización de leyes abiertamente represivas, aplicadas selectivamente a las personas mapuche como la Ley Anti Terrorista o la Ley de Usurpaciones, las cuales son una forma de criminalización por ejercer el derecho a la autonomía y el derecho al territorio legítimos. Sin embargo, no abordan el fondo del conflicto: la usurpación y ocupación del territorio mapuche por parte del Estado chileno.
Todo lo anterior constituye una vulneración de los derechos humanos y fundamentalmente de nuestro pueblo. Existe ya el antecedente del caso Longkos ante la CIDH donde el Estado chileno fue condenado por falta de garantías judiciales, lo cual confirma la sistematicidad de estas prácticas por parte de Chile. Es deber del Estado no seguir incurriendo en estas prácticas legislativas, políticas y judiciales y garantizar nuestros derec-hos colectivos contenido en instrumentos internacionales.
¿Cuál es, entonces, la verdadera intención de declarar este estado de excepción? Resulta evidente que el único pueblo perseguido con esta medida, disfrazada de «paz para el territorio» es el pueblo Mapuche. La inversion en armamento y vehículos militares por parte de Estado equivale a una declaración de guerra tácita contra nuestro Pueblo-Nación Mapuche.
La presencia militar irrumpe con nuestra forma de vida, libertad y buena convivencia. Restringe la realización de prácticas culturales y ceremoniales, afecta la vida comunitaria y nuestra convivencia con el itxofill mogen. Además, se vulnera el derecho de los niños mapuche a vivir una infancia libre de violencia. ¿Qué prtección a los derechos del niño existe cuando los niños mapuche crecen jugando a la guerra porque la ven todos los días? ¿Quién responde por los hogares allanados y las familias destruidas?
Es deber del Estado que se respeten los derechos de pu püchi ke che (niños y niñas) por lo que se exige la elaborción de un informe de vulneración de derechos de la infancia ejercido por el Estado chileno a través de sus fueras armadas y de orden público en territorio mapuche y de esta manera implementar un plan de reparación.
Respecto a lo mencionado en el presente documento es que creemos y exigimos que, además de que el Estado debe buscar una solución política a la deuda histórica y establecer medidas de reparación, se debe retirar inmediatamente el Estado de Excepción en Wallmapu. Como mapuche tenemos el legítimo derecho de transitar con libertad por nuestro territorio. También, exigimos la liberación de los presos políticos mapuche condenados sólo por defender el territorio en donde viven y ejercer el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos en sus propios territorios.
