CHILE. LAS 48 LEYES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y EL EXTERMINIO DE LA CAM
A medida que aumenta la concentración de la riqueza, y del poder, y en la medida que el capitalismo profundiza su crisis, y con ella aumenta el desprestigio de la clase política y el distanciamiento del pueblo, de la ciudadanía en la confianza con el Estado y sus instituciones como herramientas para solucionar los problemas cruciales de la población, el sistema, el bloque en el poder, tanto progresistas como fascistas se vuelven cada vez más represores ante cualquier expresión popular de descontento social. Es la última carta del discurso y programa reaccionario.
De la lucha contra la delincuencia-narcotráfico a la criminalización de la protesta social y de la adolescencia.
Al inicio de los 90s, y ante las primeras protestas como de las primeras barricadas en la “naciente” democracia, el bloque en el poder inauguró el discurso sobre la Doctrina de Seguridad Ciudadana que giraba en torno al respeto del orden público, la lucha contra la delincuencia y el respeto al orden jurídico. Dicha doctrina era una nueva forma para hablar sobre la Doctrina de Seguridad Nacional. Se impusieron las cámaras de vigilancia en todas las avenidas principales, se impuso la detención por sospecha, el control de identidad, la delación compensada, se bajo la edad de responsabilidad penal y se criminalizó la protesta social especialmente aquellas ligadas al movimiento juvenil-adolescente. El enemigo interno fue en ese entonces selectivo dirigido contra los movimientos revolucionarios provenientes de la dictadura. Eran los tiempos de los cambios cosméticos del sistema heredado de la dictadura centrada las reformas en las libertades políticas sin tocar el poder económico-oligárquico. En esas reformas cosméticas, en sus exigencias, el sistema, el bloque en el poder no sentía amenaza alguna.
La aparición del movimiento revolucionario mapuche, la quema de camiones y los ataques contra las forestales y poder económico en la Araucanía implicó un claro ejemplo para los explotados de la ciudad y del campo. El discurso anticapitalista, antiimperialista y anti colonialista del nuevo movimiento mapuche infundió temor en la clase dirigente.
A la concepción anterior de enemigo interno se incluyó al movimiento revolucionario mapuche. La nueva generación no se contentaba con la burocracia mapuche de la Conadi, con el reformismo indígena, con la conciliación con el Estado Opresor. La recuperación territorial, la reconstrucción del Wallmapu y la expulsión del territorio de las fuerzas invasoras eran las, y son, las metas.
El progresismo viró rápidamente hacia el discurso represivo. El gobierno de Aylwin instaló la oficina del FBI en Chile. Se creó la Oficina de Seguridad Pública, se construyó la Cárcel de Alta Seguridad, CAS, para los revolucionarios de los movimientos armados. Se permitió los testigos sin rostros en los juicios políticos contra los mapuches y se desarrollaron montajes político-jurídicos-periodísticos contra ellos. Se asesinaron a comuneros, aparecieron los Presos Políticos Mapuche, se allanaron las comunidades, se ejerció el terrorismo de Estado contra la infancia mapuche, se militarizó la Araucanía y Bachelet pidió ayuda al FBI para combatirlos. Bachelet dio luz verde para la conformación del Comando Jungla. La lucha contra el terrorismo se trasladaba a la Araucanía y el enemigo interno pasaba a ser el Pueblo-Nación Mapuche.
Las protestas se volvieron cada vez más masivas como también cada vez más antineoliberales. La violencia popular se fue legitimando en la medida que el terrorismo policial- de estado se fue expandiendo y produciendo una mayor cantidad de víctimas. La represión dejaba de ser selectiva y pasaba a ser una suerte de “represión de arrastre”. 100 civiles fueron asesinados, chilenos y mapuche, por agentes del Estado entre 1990-2019 en el contexto de protestas sociales todos los cuales quedaron impunes.
El 2001, 11 de septiembre, se produje el autoatentado a las Torres Gemelas en EE.UU. Este hecho le sirvió a Bush para imponer una nueva concepción de guerra, las guerras preventivas. Los ataques bélicos en defensa de sus intereses se producirían antes de ser atacados para prevenir un ataque real, en los hechos. Esta concepción de guerra preventiva iba de la mano de la lucha internacional contra el terrorismo y contra el narcotráfico.
Esa concepción de lo preventivo del ataque se trasladó rápidamente a lo que se entendía hasta ese momento de Seguridad Pública-Interna por el bloque en el poder en Chile. La represión se desarrollaba a diario preventivamente y contra los movimientos sociales los cuales eran vistos ahora como parte del terrorismo al cual se debía combatir.
El 2019, el estallido social, y la violencia popular desatada por las masas contra las instituciones del Estado, contra todo lo que representaba el poder, arrinconó a la bestia estatal, a su fuerza represiva actuando esta desde la lógica del gatillo fácil y ampliando a todo el pueblo como el nuevo enemigo interno más allá de su ideología o militancia. El peligro del colapso del conjunto del Estado y del poder hizo que el bloque en el poder (fascistas y progresistas) se unieran para su salvataje. Se promulgaron leyes represivas de emergencia, se atentó contra la vida y seguridad de los protestantes, y se abrió un nuevo capítulo en la historia de la prisión política. Los crímenes contra la humanidad cometidos en ese período volvieron a quedar impunes y pasados cinco años no hay un solo uniformado preso por esos crímenes.
Si hace décadas las municipalidades contaban con guardias municipales, ahora las municipalidades contaban con los Consejos Comunales de Seguridad Pública como una réplica comunal del Consejo de Coordinación de Seguridad Pública o de la Agencia Nacional de Inteligencia que a nivel central elabora los informes e insumos represivos. Las municipalidades se volvían abiertamente instancias contrainsurgentes, antipopulares a nivel local. La represión a nivel comunal contaba ahora con su propio instrumento ejecutor y preventivo.
La asunción de Boric y de la nueva socialdemocracia de reemplazo supuso para muchos una nueva oportunidad para alcanzar una vida mejor mediante la humanización del capitalismo y de la explotación. Esa ilusión duró menos que un suspiro.
El viraje y alianza de Boric con la antigua socialdemocracia, con la antigua Concertación y Nueva Mayoría, implicó también el hacer propio todo el discurso represivo-contrainsurgente impuesto desde 1990 hasta el 2022 que cuando asume la presidencia de la república.
La profundización aun más de la crisis del capitalismo, el fracaso de la salida burguesa a la crisis y la crisis derivada del crimen organizado y de la ola inmigratoria, junto a la propia incapacidad intelectual-ideológica de las alianzas políticas en el gobierno ha hecho que el gobierno de Boric y los partidos que lo apoyan se hayan pasado al bando enemigo.
Esta incapacidad y respuesta represiva de Boric ha llevado a declarar el Estado de Excepción en la Araucanía, patrullaje militar, por más de un año consecutivo. Ha llevado a Boric a declarar que en la Araucanía existiría terrorismo y acciones terroristas. Le ha negado la calidad de presos políticos a los comuneros mapuche. Ha aumentado la prisión política de los comuneros y ha salido a respaldar sin reparos el accionar militarizado de las policías represivas.
Hoy Boric se congratula de haber promulgado 48 leyes de seguridad pública, fast track, con acuerdo de la derecha fascista. Es un hecho que a Boric lo llena de orgullo porque es el gobierno, desde 1990, que más leyes de seguridad ha promulgado, es decir, es el gobierno más represivo desde 1990.
Por otro lado, las fuerzas de la derecha fascista han avanzado en instalar la exigencia de declarar Estado de Excepción en la Región Metropolitana que de lograrlo se sumaría a la Macro Zona Sur (Wallmapu) y la Macro Zona Norte que ya se encuentran bajo ese estado. Algunos desde dentro de las fuerzas gobiernistas simpatizan y apoyan la exigencia de Estado de Excepción en la región Metropolitana junto a nuevas leyes represivas que se sumarían a las 48 ya aprobadas.
A esta verdadera orgía represiva o populismo penal, se suma las expresiones de Pablo Urquiza que llama simplemente a erradicar a la Coordinadora Arauco-Malleco, CAM, una de las expresiones del movimiento de liberación nacional mapuche / movimiento revolucionario mapuche. El llamado a la erradicación recuerda las expresiones del general Gustavo Leigh, Comandante en Jefe de las Fuerza Aérea de Chile que a días del golpe llamó a” extirpar el cáncer marxista”. A pesar de todo ello, la crisis del capitalismo se agudiza, el descontento crece y se acumula en una olla de presión y el desprestigio del gobierno, de Boric, del parlamento y del Estado aumentan enormemente. La política represiva o contrainsurgente es ya la última respuesta que el bloque en el poder puede dar ante una nueva ola de demandas sociales.
El endurecimiento del discurso y políticas represivas-contrainsurgentes contrastan con la impunidad y obstrucción a la justicia en toda la gama de casos de corrupción del poder que van desde partidos progresistas hasta los partidos fascistas, instituciones del Estado, las policías y fuerzas armadas, hasta los gobiernos locales y regionales también envueltos en desfalcos, estafas y robos millonarios.
ES TIEMPO DE UNA COORDINADORA ANTIREPRESIVA
El terrorismo mediático hace que la “sensación de inseguridad” suba o baje según sean los objetivos políticos del momento. Los matinales actúan como verdaderas películas del terror junto con los noticieros. Al gobierno y al bloque en el poder esa campaña le conviene para sus propósitos de arrinconar cualquier expresión de protesta social y asegurar así su negocio y ganancias.
El callejón sin salida en el cual se encuentra el boque en el poder, y el fracaso estrepitoso del progresismo, se representa también en que Bachelet sería nuevamente candidata presidencial, por tercera vez, al haber sido el progresismo incapaz de generar nuevos liderazgos de reemplazo. Se recurre a la vieja, receta.
Desde la derecha fascista, los aires son un poco más auspicioso. Las últimas encuestas sobre candidatos presidenciales señalan que las dos primeras mayorías en la encuesta son Evelyn Matthei (UDI) y José Antonio Kast (Partido Republicano) y serían ellos dos quienes pasarían a una eventual segunda vuelta. Pero lo más llamativo sería la intención de Axel Kaiser, ex integrante del Partido Republicano y ahora fundador del Partido Libertario a lo Milei, quien se levantaría como candidato presidencial alternativo dentro del fascismo. Es decir, el progresismo en Chile debido a su incapacidad y cercanía con la derecha fascista le ha pavimentado el camino a las posturas más extremas de esta. El mapa político se compone desde el progresismo en la “izquierda” hasta las posiciones fascistas en la derecha. Las posiciones revolucionarias se encuentran ausentes en el imaginario popular. Es un mapa político incompleto donde la Oposición Anticapitalista y Alternativa Revolucionaria no se encuentran en el escenario.
Ante ese mapa político cercenado la respuesta represiva aparece como lógica desde el poder. Así, la única respuesta inmediata que pudiera, o debería aparecer, es precisamente la conformación de una coordinación anti represiva amplia y popular que frene esta orgía terrorista. Hay que avanzar en la defensa popular y también en desmantelar este discurso represivo.
Para seguir aprendiendo
El Libero. Pablo Urquizar: «La CAM es enemiga de los DDHH y debe ser erradicada».
Nota. El Libero es un medio de difusión reaccionario, ligado a la derecha fascista donde participan ex militantes de la Concertación, del progresismo.
Boric festeja la aprobación de 48 leyes represivas.
Boric anuncia nuevas medidas de seguridad pública, (hace 6 meses).
