CHILE: LA CONTRAINSURGENCIA ENTRE LA ZANAHORIA Y EL GARROTE.
(NUEVA CONSTITUCIÓN Y NUEVA FACE CONTRAINSURGENTE)
“…la elección del caso chileno es que durante el período que abarca la investigación 1850 al presente-, el país (Chile) ha transitado por diferentes cambios de tipo institucional, tanto en lo que se refiere a las reglas que rigen la vida económica como la política. Así, Chile ha pasado por regímenes políticos de tipo aristocrático de base parlamentaria, populista, revolucionario, democrático, dictatorial y de democracia tutelada. A su vez, estos regímenes han llevado adelante diferentes modelos de desarrollo, cada uno caracterizado por diferentes criterios sobre las instituciones que debían regir las relaciones entre los agentes económicos públicos y privados”
Javier E. Rodríguez Weber
(Desarrollo y desigualdad en Chile (1850 – 2009)
Historia de su economía política
Que linda es la borrachera
porque de todo me olvido
y hasta que pienso en el patrón
y me parece un amigo
Coplas de Baguala, Quilapayún
Las constituciones históricamente han sido la expresión de la voluntad de la clase dominante que es quien tiene efectivamente el poder real en sus manos. Quien tiene el poder escribe la constitución y las leyes. Quien las escribe da forma al Estado que defienda sus intereses de clase. Quien tiene el poder totalitario tiene la capacidad de oprimir a la otra clase desprovista de todo poder y que se encuentra desarmada.
A lo largo de la historia de Chile, las diferentes constituciones que ha habido han sido el resultado cómo, a lo largo de la historia, las diferentes facciones burguesas han resuelto sus contradicciones en la lucha por la hegemonía al interior del bloque de poder dominante. Unos desde el bando federalista y otros desde el bando centralista. Unos por el desarrollo hacia adentro y otros desde el desarrollo hacia afuera. Pero ambos desde la centralidad del ejercicio del poder de clase. Y ambos en la idea de ir adaptando el desarrollo capitalista a las diferentes etapas del desarrollo de la historia y en esa adaptación o readecuación ha sido siempre necesario reordenar el marco político-jurídico para dar continuidad a la sociedad de clases, mantener el poder en sus manos, revalidar la democracia burguesa ante los explotados y aumentar las ganancias de los capitalistas. Si el Estado es la herramienta por excelencia de opresión de una clase sobre otra, y que tiene como finalidad regular la lucha de clases a favor de la clase en el poder, las constituciones son la herramienta legal, jurídica, y política del Estado y en última instancia de la clase dominante. No es más que eso. Los cambios constitucionales son readecuaciones del poder ya centralizado de clase.
También como lo señala Javier Rodríguez más arriba, desde1850 hasta hoy, 170 años, Chile ha experimentado toda clase y variaciones de capitalismos y diferentes ensayos constitucionales y sin embargo la única conclusión que se puede extraer de ello, más allá de la ilusión inicial que causó en muchos explotados en cada uno de esos cambios, es que la clase dominante se ha mantenido invariablemente en el poder, ha aumentado su riqueza al mismo momentos que los explotados iban incrementando su miseria y heredándola a las futuras generaciones.
En todos estos ensayos, la historia de Chile se ha dado un sinfín de reglamentos y constituciones como se puede encontrar en internet el siguiente cuadro a ese respecto:
En la historia de Chile han existido textos constitucionales (1811, 1812, 1814, 1822, 1823, 1833, 1925, 1980 y la que actualmente se encuentra en proceso. Así como un proyecto de constitución federal en 1826 que no llegó a buen puerto. Su elemento común ha sido la creación de un estado unitario salvo el ensayo federal de 1826, con diversos grados de presidencialismo. Estas constituciones se pueden dividir según el periodo histórico en la cual fueron redactadas y por su elaboración y estructura interna”. Y continúa con la descripción de los diferentes períodos constitucionales.
Patria Vieja
Reglamento para el Arreglo de la Autoridad Ejecutiva Provisoria de Chile de 1811 (19 artículos). Fue redactado y aprobado por el Congreso Nacional el 11 de agosto de 1811. Fue derogado el 15 de noviembre de 1811 por el segundo golpe de estado de José Miguel Carrera.
Reglamento Constitucional Provisorio de 1812 (27 artículos). Fue redactado y promulgado por José Miguel Carrera el 26 de octubre de 1812. Se considera que contiene una velada declaración de independencia al señalar que «ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquier autoridad o tribunales de fuera del territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos del Estado», aunque comienza estableciendo que Chile reconoce que «Su Rey es Fernando VII». Fue ratificado mediante plebiscito del 27 al 30 de octubre, y fue derogado el 6 de octubre de 1813.
Reglamento para el Gobierno Provisorio de 1814 (13 artículos) fue promulgado el 17 de marzo de 1814. Creó el cargo de director supremo. Fue suspendido por la restauración española en octubre de 1814, que marcó el fin de la Patria Vieja.
Patria Nueva
Después de la expulsión de los realistas y durante el gobierno de O’Higgins, se dictaron dos textos:
Constitución Provisoria para el Estado de Chile de 1818 (143 artículos). Fue elaborada por una comisión redactora y aprobada el 8 de agosto de 1818, siendo ratificada mediante un plebiscito realizado entre agosto y octubre del mismo año.
Constitución Política del Estado de 1822 (248 artículos). Fue redactada por la Convención Preparatoria y el ministro de estado José Antonio Rodríguez Aldea y promulgada el 30 de octubre de 1822.
Período de ensayos constitucionales
Tras la abdicación de O’Higgins, se produjo un periodo de aprendizaje político en el cual se ensayaron diversas formas de ordenar la República. Los textos redactados fueron casi inaplicables al momento de su vigencia, siendo rápidamente derogados:
Constitución Política y Permanente del Estado de Chile de 1823 (277 artículos), llamada también «la constitución moralista», su principal redactor fue Juan Egaña. Fue discutida y aprobada por el Congreso General Constituyente electo en 1823, el 29 de diciembre. Fue derogada en 1824, durante el gobierno de Ramón Freire.
Las Leyes Federales de 1825 colectivamente mal llamadas “Constitución de 1826” fueron iniciativa de José Miguel Infante, principal partidario de las ideas federales en la época. Fueron discutidas y aprobadas por el Congreso General Constituyente de 1826 de mayoría federalista. Se otorgaba amplia autonomía y dividía al país en ocho provincias sin definir límites claros, lo que produjo conflictos entre ellas. Fueron derogadas en 1827, durante el gobierno del presidente Francisco Antonio Pinto.
Constitución Política de la República de Chile de 1828 (134 artículos) fue una constitución liberal y su ideólogo y principal redactor fue José Joaquín de Mora junto con Melchor de Santiago Concha y Cerda. Fue discutida, revisada y aprobada por el Congreso General Constituyente electo en 1828, el 8 de agosto. Este texto sirvió para las constituciones que le sucedieron al ser el modelo de redacción y organización del Estado. Se ha señalado que era inaplicable, pero los primeros problemas surgieron a raíz de la elección de presidente y vicepresidente al dividirse la política nacional entre «pipiolos» (liberales) y «pelucones» (conservadores) en la elección presidencial. Si bien la Constitución de 1828 se ubica en este periodo, una serie de características la podrían colocar en forma más adecuada en el siguiente.
La República
Corresponde a las constituciones modernas en el sentido de enunciar y delimitar los derechos fundamentales, establecer la relación entre Estado–ciudadanos, fijar y normar las funciones de los poderes del Estado y sus autoridades; mecanismos de formación de las leyes y de reforma constitucional. Todas definen la República de Chile como un Estado unitario, cuyo Presidente es a la vez jefe de Estado y gobierno, con un Congreso bicameral y un Poder Judicial independiente.
Constitución Política de la República de Chile de 1833 (168 artículos, con 7 disposiciones transitorias). Reformada en 1871, 1873, 1874, 1882, 1888, 1891, 1892 y 1893. Fue discutida y aprobada por la Gran Convención, cuya misión inicial era reformar la de 1828. Redactada por una comisión, sobre la base de un proyecto de Mariano Egaña, y con la destacada participación de Egaña y Manuel Gandarillas. Aprobada y promulgada el 25 de mayo de 1833. Es el texto constitucional de vigencia más prolongada en la historia de Chile, solo reemplazado en 1925.
Constitución Política de la República de Chile de 1925 (110 artículos y 10 disposiciones transitorias). Reformada en 1943, 1957, 1959, 1963, 1967, 1969, 1970 y 1971. Sus autores intelectuales fueron Arturo Alessandri y José Maza. Se convocó a una Comisión Consultiva para informar lo relativo al procedimiento de «reforma» a la Constitución de 1833, a partir de la cual se formaron dos subcomisiones, una de las cuales preparó el proyecto —presidida por Alessandri y con la participación de Maza—, redactado sobre la base de un texto de Maza. Fue aprobada en el plebiscito del 30 de agosto de 1925, con una altísima abstención, y promulgada el 18 de septiembre del mismo año. Entró en vigencia el 18 de octubre de 1925; su aplicación fue parcialmente suspendida por el golpe de estado de 11 de septiembre de 1973, siendo modificada y derogada, en parte, mediante decretos leyes, hasta su reemplazo total en 1981.
Constitución Política de la República de Chile de 1980 (120 artículos, con 29 disposiciones transitorias). Reformadaen1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. En su redacción intervinieron: una comisión de estudios presidida por Enrique Ortúzar, el Consejo de Estado —en donde cupo una importante participación al expresidente Jorge Alessandri, presidente del Consejo— y la Junta de Gobierno. El texto fue aprobado en un plebiscito celebrado el 11 de septiembre de 1980, y entró en vigencia el 11 de marzo de 1981. El 25 de octubre de 2020 un plebiscito dio inicio a un proceso de redacción de una propuesta para una nueva constitución, la cual, de ser aprobada en un referéndum, reemplazará a la de 1980. Con posterioridad, el fin de semana del 15 y 16 de mayo de 2021 se celebraron elecciones para elegir a los 155 miembros de la Convención Constitucional que tendría como misión redactar la nueva constitución, primera en el mundo con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios.
Es decir por creatividad constitucional, la historia de Chile no se ha quedado atrás. Ha sido amplio y variado. La clase dominante ha hecho esfuerzos permanentes en reinventar su modelo de explotación y hacerlo cada vez más atractivo para las masas en cada uno de los períodos hasta hoy, 2022.
Resulta también interesante el contrastar cada uno de estos ensayos constitucionales con el cuadro que sigue y que relatan las matanzas a lo largo de la historia de Chile muchas de las cuales, en el caso de las matanzas, ha sido consecuencia es una alza en la lucha de clases, en la aparición del movimiento obrero, en la crisis del capitalismo y cómo el conjunto de la clase dominante recurrió primero a la fuerza militar para imponer el orden público y el Estado de Derecho para luego general un nuevo pacto social representando en nuevas leyes y constituciones. En el caso de las guerras civiles como expresión como las facciones burguesas zanjaron sus diferencias.
Masacres en Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Masacres_en_Chile
El problema central, entonces, no es la forma que pueda adquirir el poder de la clase dominante, su forma político-jurídico, de las diferentes formas administrativas, aunque sean novedosas y atrayentes, el problema central es el poder, quien lo concentra, y como lo ejerce desde su condición de minoría social privilegiada.
La descentralización del poder administrativo en las diferentes etapas de la historia del Estado de Chile tiene relación con hacerlo más eficaz para cada etapa histórica. Pero esos diferentes grados de descentralización del poder administrativo no quita la esencia anti obrera, anti popular, anti indígena y por ende anti democrática. La descentralización administrativa no despoja a este mismo Estado de su carácter contrainsurgente y tampoco lo inhibe en la construcción del enemigo interno. Esa descentralización no despoja a las fuerzas armadas de su rol de “brazo armado de la burguesía” y tampoco las despoja de su lógica, armamento y entrenamiento dirigido hacia la guerra interna y hacia la defensa de las fronteras o contra otra fuerza militar invasoras como reza la historia oficial. La lógica e ideología de la “seguridad nacional”, como gran paragua, en cuyo interior encontramos la “seguridad pública” sigue siendo el cetro y corazón del Estado más allá de su nueva forma administrativa.
La lucha contrainsurgente, al igual que el desarrollo del capitalismo, se debe hacer en forma cada vez más eficiente, más efectiva. No hay desarrollo capitalista sin desarrollo contrainsurgente. No desarrollo de la concentración de la riqueza y del poder de clase sin una política anti obrera. No hay Estado burgués, más allá de sus formas, sin la lógica de clase contra clase donde la clase dominante cuenta con un poder casi infinito.
Pero las políticas contrainsurgentes no se ejecutan solamente desde el “Estado Central”. La contrainsurgencia, al igual que capitalismo, no tiene sentido ni razón de ser si es que no cuenta con los territorios, con las comunas. El Estado Central tiene sentido, adquiere vida porque sus políticas centrales encuentran aplicabilidad en los territorios a través de las Municipalidades que es el Estado mismo en los territorios, barrios como también esas mismas políticas contrainsurgentes-capitalistas encuentran ejecución y aplicabilidad desde las Gobernaciones (o gobiernos regionales).
Hasta aquí es necesario comprender que la contrainsurgencia no se aplica solamente con las fuerzas militares patrullando las calles y avenidas, en la acción militar directa, sino que esa contrainsurgencia se aplica también en los tiempos de “paz social” mediante la institucionalidad, mediante las “políticas públicas” y mediante, por ejemplo, las políticas de bonos o de subsidio a la pobreza cuya finalidad es mantener a los pobres en la pobreza y no sacarlos de ahí. Es aplacar el descontento social, la toma de conciencia, el estallido social mediante el asistencialismo. Es frenar la conformación de una indignación e insurgencia popular.
Pero para ello esas políticas contrainsurgentes y capitalistas requieren también tomar una forma más flexible y atrayente. Deben ser capaces de reilusionar a las masas en cuanto a que ellas, las masas, si deciden y otorgarles una sensación de triunfo, de victoria, hacerlos sentir que son incorporados, incluidos y tomados en cuenta para que no se den cuenta que la explotación sigue siendo básicamente la misma. La flexibilidad contrainsurgente se central en la seducción del “individuo” y en la anulación de la lucha de clases. Así, entonces, la Municipalidad es una Municipalidad Contrainsurgente al igual que las Gobernaciones son Gobernaciones Contrainsurgente y ambas municipalidades y gobernaciones capitalistas y burguesas. Y no podría ser de otra forma porque el Estado Central así lo es al igual que su clase dominante.
Pero, alguien legítimamente podría pensar que esto es una exageración y cómo puede ser que alguien en su sano juicio plantee que el Municipio es de carácter contrainsurgente-capitalista. Veamos si es cierto.
La producción capitalista se desarrolla en los territorios, en los municipios. Es ahí donde se lleva a cabo la explotación del hombre por el hombre, donde se incrementan las ganancias capitalistas y es donde los poderes económicos se desarrollan y engordan. Es ahí donde se desarrolla la lucha de clases. Como es ahí donde se desarrolla el capitalismo mismo, es ahí donde la clase dominante construye sus políticas contrainsurgentes bajo el discurso del orden públicos y el respeto de los espacios públicos y ahora bajo el discurso de la lucha anti delincuencia y contra el narcotráfico. Para ello en las comunas encontramos comisarias, regimientos, cuarteles policiales y dentro de ellas operan también los servicios de inteligencia policiales y militares. Han construido regimientos, llenado las calles de cámaras de vigilancias, han creado redes de informantes, las policías se han aliado con el crimen organizado en contra del movimiento popular, el lumpen constituye las bases sociales de la futura contrarevolución mañana y hoy las bases de esas políticas contrainsurgentes.
Las municipalidades poseen “guardias o policías municipales”. Las policías desarrollan programas “preventivos” al interior de los colegios y establecimientos educacionales siendo esto parte de los planes cuadrantes. Llenan también las comunas de cárceles, de centros de detención juvenil. Las municipalidades participan en los Consejos de Comunales de Seguridad Pública como lo establece la ley contando estos consejos con un Plan Comunal de Seguridad Pública ¿plan contrainsurgente?
Consejos Comunales de Seguridad Pública
Reglas Uso de la Fuerza, 2020
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/02/22/42586/01/1730823.pdf
Protocolo para el mantenimiento el orden público, 2014
https://www.indh.cl/wp-content/uploads/2014/08/PROTOCOLO-PARA-EL-MANTENIMIENTO-DEL-ORDEN-PUBLICO.pdf
Protocolo para el mantenimiento el orden público, 2014
https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2021/09/20/43057/01/2011081.pdf
Para lograr esa capacidad de “respuesta inmediata y oportuna” ante un nuevo estallido o insurgencia popular se requiere de la militarización de los territorios ya sea en su forma evidente y franca mediante la declaración de Estado de Excepción, de Sitio u otros o mediante el estudio desde la lógica de la guerra de los territorios y de las fuerzas político-sociales que ahí se expresan y se desarrollan. Para ello dotan a las fuerzas represivas-contrainsurgentes de las Reglas de Uso de la Fuerza para dar un cierto marco político-jurídico pero en el entendido que el respeto del orden público y del Estado de derecho se debe cumplir y mantener a toda costa aun cuando se violen los derechos humanos, se ejecuten matanzas o se aplique la tortura o la desaparición forzada de personas como ha ocurrido a lo largo y ancho de la historia de Chile total se sabe y como ha ocurrido antes esos crímenes quedarán en la impunidad y se dará un nuevo pacto social para los fines de la clase dominante bajo una nueva constitución.
Pero hay algo más en ese estudio de terreno de las fuerzas represivas.
Fue al inicio de la pandemia cuando se impuso la cuarentena. Fue ahí donde las poblaciones y avenidas (las comunas y territorios) fueron tomados por las fuerzas armadas bajo el Estado de Excepción impuesto con el discurso de mantener a la población en sus casas y evitar el contagio. Pero ese patrullaje sirvió esencialmente para que las fuerzas militares-policiales, de inteligencia hicieran el estudio de los escenarios de conflicto ante la proximidad de un nuevo estallido social. Debían reconocer terreno, mapearlo, estudiarlo y estudiar los comportamientos de su “enemigo interno”. Conocer su rostro.
La contrainsurgencia ha avanzado y se ha naturalizado en la prensa mediante la incorporación de los conceptos de “Macro Zona Sur” (Wallmapu), “Macro Zona Norte” (regiones del norte), “Copamiento policial” en barrios (Meiggs, La Legua Emergencia, etc) y todas son medidas militares, contrainsurgente donde esa guerra soterrada se cubre para “proteger los espacios públicos y el libre tránsito” pero también se llama a la ciudadanía a “entregar la información que se tenga” por los canales correspondiente (fono ayuda, fono denuncia) es decir el incentivo para la creación de redes de informantes, de soplonaje.
Para mantenerse en el poder, y ante la crisis profunda del capitalismo y ante el temor de los capitalistas de nuevos estallidos sociales, se requiere de bajan las políticas contrainsurgntes, descentalizarlas, regionalizarlas, y comunalizarlas para cuando estalle el descontento y se vuelva ejercer la violencia popular, ahí estar preparados, saber dónde y cuándo golpear, pero también saber a quién detener, a quién torturar y a quién desaparecer como ha sido siempre. El capitalismo se defiende con la zanahoria y con el garrote.
Pero la contrainsugencia, las políticas de la clase dominante también adquieren formas seductoras, progresistas. Ahí está paridad, la inclusividad y la plurinacionalidad.
Pero volvamos atrás en la historia reciente.
Está claro que el capitalismo existente antes del golpe de estado de 1973, la forma que había adquirido la democracia burguesa era diferente a aquella que emanó posterior al golpe de estado en su versión de democracia protegida o de seguridad nacional y de la mano del neoliberalismo. Se pasó de un Estado interventor a un Estado subsidiario. Pero para que ello sucediera era necesario desarrollar la política contrainsurgente a fondo y para ello provocar el completo exterminio del movimiento obrero que se había construido por décadas y del conjunto de los partidos de izquierda reformistas y revolucionarios. Ese genocidio y terrorismo de Estado aseguraba la pacificación necesaria para las siguientes décadas para imponer la nueva ruta burguesa-capitalista sin contrapeso alguno, sin un movimiento popular que se opusiera y sin una izquierda bien estructurada. Detrás de ese proceso macabro estuvo siempre la burguesía, la oligarquía y el perfeccionamiento del capitalismo para el nuevo período histórico. Por ello constituye un error denominar a esa dictadura como “de Pinochet”, como “militar” o como “cívico-militar” sino que es o fue una dictadura “militar-burguesa”. También constituye un segundo error pensar que existe una diferencia abismal entre esa dictadura y la actual democracia porque ambas son dos caras de una misma moneda: dictadura del capital. Y por último, si ya ha quedado demostrado que la transición a la democracia ha sido la continuidad del modelo político-constitucional, vigencia hasta hoy de la constitución de 1980, y de la continuidad del modelo neoliberal, entonces, lo que estamos en presencia en de la continuidad de la dictadura que se ha vestido de civil y por ende el carácter contrainsurgente fortalecido a partir del 11 de septiembre de 1973 se ha mantenido en forma intacta aunque más seductor con un ropaje “democrático” donde el conjunto del progresismo y de la derecha fascista han sido sus participantes y sus impulsores.
Los mismos actores políticos que fueron parte del gobierno de Allende, sus opositores fueron los mismos que acordaron la transición pactada, los que se unieron en la defensa del conjunto del modelo durante la dictadura militar-burguesa, que consolidaron el neoliberalismo contrainsurgente y que el 2019 llegaron a un nuevo acuerdo nacional interburgués y que ahora se aprestan a promulgar una nueva constitución a la medida de la burguesía, pero para los trabajadores y pueblos. La transición también pudo ser posible porque la “joven” democracia de la mano de Aylwin y de la Concertación desarrolló la guerra sucia contra los movimientos armados con asesinatos, torturas, falsos enfrentamientos, montajes y prisión política. Sin ese aniquilamiento la transición hacia la consolidación del neoliberalismo contrainsurgente hubiese sido difícil sino imposible.
¿Cuál es el contexto de la nueva constitución y del proceso actual?
La “paz” social impuesta a punta de fusil y genocidio duró desde 1973 hasta 2019, es decir, el proyecto de fortalecimiento del neoliberalismo o capitalismo contrainsurgente contó con 46 años para desarrollarse en plenitud y con un movimiento social fragmentado, anulado y burocratizado, con un pueblo ampliamente desmovilizado.
En ese contacto la represión y la construcción del enemigo interno fue selectivo y dirigido hacia el movimiento armado o radical que desde la resistencia política. La construcción de la Cárcel de Alta Seguridad, la infiltración de los movimientos sociales, sindicatos y movimientos estudiantiles, la creación de redes de informantes y de la Agencia Nacional de Inteligencia junto con el asesoramiento de los aparatos de inteligencia del imperialismo fueron algunas de las medidas tomadas para desarrollar ahora el neoliberalismo, pero en un contexto de democracia protegida o de seguridad nacional. Eso permitió hacer de Chile uno de los países más desiguales del mundo a la par que el modelo generaba grandes ganancias y concentración de la riqueza para la minoría de siempre. De ahí a la militarización de territorios en especial de la Araucanía, la criminalización de los movimientos sociales, desarrollar muchos elementos de un Estado Policial y la compra de armamento para las fuerzas especiales de las policías diseñados para la lucha urbana son sólo algunos elementos de cómo el Estado no ha renunciado a su ideología contrainsurgente, a la construcción del enemigo interno y en la decoración de la doctrina de seguridad nacional denominada como doctrina de seguridad ciudadana. Nuevamente, las Municipalidades y ahora las gobernaciones tendrán en este contexto un rol fundamental igualmente contrainsurgente.
Pero a pesar de todo ello, el Estado se vio sobrepasado por la masividad del estallido social y del ejercicio también masivo de la violencia popular. El casi colapso del conjunto del aparato del Estado / gobierno hizo que todas las facciones burguesas representadas en el parlamento, los gremios empresariales y todo el bloque de poder dominante concordara en una batería de nuevas leyes represivas durante el mismísimo estallido social. ¿Qué leyes?
Según el libro “La Revuelta” (Laura Landaeta / Víctor Herrera, 2021) se señala que esas leyes fueron:
Ley Anti saqueos: que buscaba una pena de hasta cinco años de cárcel para quien participe en saqueos.
Ley Anti encapuchados: si bien esta ley se intentó promulgar bajo el primer gobierno de Piñera, ahora en medio del estallido fue impulsada por los senadores de derecha Felipe Kast, Andrés Allamand, Víctor Pérez, y los socialdemócratas-socialistas Felipe Harboe y José Miguel Insulza.
Ley Antibarricadas: que establece penas a “las conductas de desorden en la vía pública cuando, mediante barricadas u otros elementos similares, se entorpezca la libre circulación de personas y vehículos”.
Creación de equipos de abogados, para apoyar a intendencias y gobernaciones en sus acciones legales por desórdenes públicos, actos de vandalismo, violencia y delincuencia”. Este equipo sería apoyado por el Ministerio del Interior.
Creación de un equipo especial, “compuesto por miembros del Ministerio Público, Carabineros, PDI, para investigar saqueos, destrucción y vandalismo” bajo el rótulo de “el trabajo de inteligencia policial preventivo e investigativa”.
Aumento de la vigilancia aérea, de Carabineros y la PDI, además de aumentar la dotación de drones a la Intendencia Metropolitana de siete a diecisiete.
Establecer un canal de denuncia ciudadana a través de la PDI y Carabineros.
Ley para aumentar las penas contra quienes agredan e insulten a efectivos de carabineros, PDI y Gendarmería.
Poner urgencia del proyecto de ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado que fortalece las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia.
Modernización de las policías.
En ese contexto, la clase política se lanza con todo para arribar a un nuevo acuerdo nacional, Acuerdo Nacional por la Paz y la Nueva Constitución. La clase política se sube a la cresta de la ola e impone su cronograma que desemboca en la elección de Gabriel Boric , uno de los artífices de ese acuerdo y ahora presidente de Chile, y la instalación de la Convención Constitucional que ahora entrega el borrador de constitución.
En ese momento de acuerdos de espaldas del pueblo, el historiador Gabriel Salazar señalo: “En ese sentido, el día menos pensado aparece un pacto, se unen todos. Este es un caso patético nuevamente y se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia”. Salazar tuvo razón. Hubo pacto.
Otros elementos relevantes aparecen en un artículo de José Miguel Aldunate (“Protestas, violencia y orden público”, libro “El Octubre Chileno”, varios autores, 2020, Democracia y Libertad). Siendo la interpretación de la derecha nacional-popular sobre el estallido social, Aldunate señala:
“según información del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el uso de este tipo de armas ha ocasionado 2063 personas heridas por disparos de balas, balines o perdigones, 253 `por bombas lacrimógenas y 405 con heridas oculares. De estos últimos, 375 presentaron daño o trauma ocular, mientras que 33 sufrieron el estallido del globo ocular o pérdida de la visión en uno o ambos ojos”.
Y más adelante Aldunate señala:
“…las cifras del INDH, entre 18 de octubre y el 15 de enero de 2020 se registran cinco personas muertas por el actuar de funcionarios de Carabineros de Chile o de las Fuerzas Armadas, 3649 personas heridas de las cuales ya se han mencionado los casos que han sufrido traumas oculares. Adicionalmente, se han denunciado 191 casos de violencia sexual, 412 casos de torturas y otros casos crueles y 824 casos de uso excesivo de la fuerza”.
Sobre esa realidad contrainsurgente es que se instaló el nuevo pacto interburgués, la Convención Constitucional y el gobierno de Boric que ahora pretendió recuperar el proyecto de protección de estructura crítica presentando por Piñera durante el estallido social, y que al final intentó dar forma, sin conseguirlo, al Estado Intermedio de Excepción que le permitiera tener el fundamento para sacar a las fuerzas militares a patrullar la Araucanía. Al final declaró el Estado de Emergencia con atribuciones similares al Estado de Excepción y ahora la Araucanía se encuentra patrullada.
Pero eso no es todo.
El subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara ha dicho que se requiere en forma urgente un “acuerdo nacional de seguridad” al momento de incrementar la dotación de policías en las comunas.
Acuerdo nacional de seguridad.
Plan de reforzamiento policial
Alcaldes coordinan estrategias de seguridad con el Ministerio del interior.
Resulta interesante que el gobierno de Boric, progresista, anuncie con bombos y platillos las mismas medidas de seguridad anunciada por Piñera el 2018 bajo la forma de acuerdo nacional por la seguridad pública.
Seguridad pública, Piñera, 2018
Red de infiltrados en la municipalidad de Providencia
Red de soplonaje entre profesores en la municipalidad de Santiago
Quedará pendiente para otros artículos ver cómo se va desarrollando esta nueva política contrainsurgente dentro de los márgenes de la nueva constitución capitalista. Lo claro es que para los intereses de la clase trabajadora y para los pueblos, las opciones de Apruebo o Rechazo, el circo constitucional nada tiene ver con la lucha que deben dar los trabajadores y pueblos desde la independencia de clase, desde la autonomía organizacional y desde la autodeterminación de los pueblos. Volver a confiar los destinos, nuestros destinos, en los verdugos de siempre es ser analfabetos históricos, es no comprender el pasado ni menos el presente y de ser así estaremos condenados a repetir la historia una y mil veces. Para masacres, constituciones y engaños el pueblo y los trabajadores ya han tenido suficiente a lo largo de la historia. ¿Por qué seguir repitiendo la historia o no será hora de transformarla?
Para escuchar e indignarse
Quilapayún, Coplas de Baguala
Atahualpa Yupanqui, Preguntas sobre dios