CHILE. EL PODER JUDICIAL CORROMPIDO HASTA LA MÉDULA
El Poder Judicial, como uno de los pilares del Estado burgués en Chile, hace ya mucho tiempo que hace agua y que parte de la crisis generalizada de los poderes burgueses mostrando su descomposición propia en números casos de corrupción y de abuso de poder.
Si la justicia de clase siempre ha existido, y es parte del poder que ostenta la clase dominante, fue la actuación de los tribunales y de los jueces durante la dictadura militar-burguesa de Pinochet cuando este poder simplemente se negó a sí mismo, dejó de impartir justicia y formó parte de los crímenes contra la humanidad y violaciones a los derechos humanos de esa época. El Poder Judicial está manchado con sangre tanto como las fuerzas armadas, el empresariado que por acción u omisión apoyaron el terrorismo de estado.
Pero la verdad es que no fue el único período en el cual el poder judicial tuvo como función defender a los criminales y asegurar la impunidad. En las numerosas matanzas ocurridas en la historia de Chile, el poder judicial ha tenido siempre la misma función: asegurar impunidad. Fue también durante la usurpación y despojo de las tierras ancestrales del Pueblo-Nación Mapuche por parte del Estado chileno donde los tribunales y notarias actuaron para concretar esa política de despojo otorgando títulos de dominio a los colonos que conscientemente sabían que lo que hacían, obtener certificados de dominio fraudulentos, era un crimen y que las matanzas realizadas como forma de «pacificación de la Araucanía», se encontraba estrechamente unidad a lo obrado por los tribunales.
También son tantos los casos de montajes judiciales, presentación de «pruebas» falsas, la validación de testigos sin rostro y la imposición del derecho penal del enemigo, todo contra revolucionarios chilenos y mapuche que esto último ocurrido contra la senadora Campillai no nos debería sorprender si llamar a la indignación.
Pero la primera denuncia, contundente, contra la corrupción y decadencia en la cual se encuentra el Poder Judicial ocurrió el 14 de abril de 1999 fecha en la cual el libro «El Libro Negro de la Justicia Chilena» fue requisado al día siguiente de su levantamiento. Barriendo con ello con la libertad de información, de expresión, de disidencia que establecen los tratados internacionales a ese respecto y que Chile ya ha firmado.
En los últimos días, el Poder Judicial, le ha ordenado a la senadora no vidente, Fabiola Campillay, que borre toda expresión de sus redes sociales y que señale al funcionario de la policía, Claudio Crespo, como violador de derechos humanos. Cabe recordar que Claudio Crespo como funcionario de la policía militarizada de carabineros y de sus Fuerzas Especiales, durante el estallido social al operar su arma en medio de las protestas dejó a Gustavo Gatica completamente ciego al dispararle en su rostro. Actualmente, Crespo se encuentra imputado.
El fallo del Poder Judicial, obligando a la senadora Campillai también ciega como consecuencia del terrorismo policíal ejercido por la policía militarizada de carabineros. Fabiola Campillai perdió su visión como consecuencia del disparo de una bomba lacrimógena. La protección de «la honra y del buen nombre» que hace el poder judicial mediante su fallo es no sólo un absurdo sino que revictimiza a Gustavo Gatica al negarle el derecho a él, como al conjunto de la población, el derecho de conocer la historia en su profundidad y de llamar al criminal por su nombre ¡CRIMINAL!
¿Tendrán también todos los ciudadanos que en sus redes sociales llaman a Crespo «criminal» ser obligados a borrar también dichos comentarios? ¿Tendremos todos nosotros ser obligados de defender la honra de un criminal y no defender a la víctima como indica la lógica y el sentido común? Es el mundo al revés. El fallo del poder judicial no es más que una provocación al ser una aberración.
Toda esta aberración politico-judicial ocurre en medio del caso Hermosilla que por sus conexiones e influencia dentro del poder judicial en lo referente a designaciones de magistrados de la Corte Suprema, entre otros hechos de abuso de poder, ha llevado a la destitución de magistrados de la Corte Suprema y un descrédito absoluto al quehacer del poder judicial. Aún así la aberración de fallo se debe acatar por el sólo hecho de ser un fallo más allá que este emane de un poder corrupto y deslegitimado. Otra aberración de esta democracia burguesa.
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