LA EDUCACIÓN COMO HERRAMIENTA CONTRAINSURGENTE
¡CONTRA LA EDUCACIÓN DE VIGILANCIA!
La dictadura militar-burguesa, esa que encabezó el asesino de Pinochet. se ha mostrado como victorioso en dos áreas fundamentalmente.
Primero, en la capacidad que ha tenido de haber prolongado su régimen desde 1973 hasta hoy, 2022. Sus pilares se encuentran intactos más allá que la constitución que lo ha sustentado haya sido reformada en lo relativo al sistema político y que hoy se discuta la elaboración consensuada y conciliada entre toda la clase política.
Segundo, porque el nuevo texto constitucional que se elaborará mantendrá sin duda los mismos pilares, en su formato de remozado, en el nuevo texto constitucional ya que esa será la voluntad y los deseos de la oligarquía, de la clase dominante que es al final la que expresa esos deseos y voluntad en las leyes y constitución.
Tercero, pero fundamentalmente para lograr aquello no sólo tuvo que aplicar el terrorismo de estado contra los partidos obreros, movimientos armados y movimiento popular sino fue lo suficientemente hábil para convertir a los antiguos partidos obreros nacidos al inicio el siglo XX a su ideología neoliberal pero también para que estos asumieran el carácter contrainsurgente que lleva en su vientre el neoliberalismo y la democracia protegida que perdura hasta hoy. Esto es el progresismo. Es la versión atractiva, dócil, buena onda del proyecto contrainsurgente-neoliberal o si se quiere para ser más preciso, contrainsurgente-capitalista.
Las políticas neoliberales desde los inicios de la transición hacia la consolidación del régimen dictatorial en los marcos de la democracia burguesa, trajo la mercantilización de los derechos sociales, pero también el desarrollo de muchos elementos propios de un Estado Policial, aunque estos no se muestren en toda su franqueza sino que se han introducido sutilmente teniendo como herramienta el discurso anti delincuencial, contra el narcotráfico y de seguridad ciudadana implementado desde 1990.
Con ese discurso la “naciente democracia” no sólo inauguró una nueva etapa de la prisión política, el asesinato y represión selectiva, sino también desarrollo una nueva legislación tendiente a criminalizar al naciente movimiento social, chileno, como mapuche. De ahí a la militarización de algunas zonas, cada vez más extensa geográficamente, era sólo cosa de tiempo.
Como los dirigentes del progresismo provienen de los partidos reformistas de antaño, de los movimientos sociales, saben a la perfección cuáles son sus dinámicas y lógicas, como también de sus potencialidades y por lo tanto lo que significa y el peligro que estos entrañan para los fines del poder oligárquico-capitalista. Saben entonces que el Estado, bajo su mando, debe impulsar todas las políticas represivas y de inteligencia para dividir, diezmar, fragmentar, comprar dirigentes y reprimir al conjunto del movimiento social y en especial al movimiento juvenil concentrando sus esfuerzos en la juventud popular, y en los estudiantes, en especial, los estudiantes secundarios.
La detención por sospecha, el control de identidad, aula segura, la reducción de la edad de responsabilidad penal juvenil, la ley anti capucha, anti barricada, la ley de delación compensada, junto a la vigilancia ciudadana, la creación de las “policías” municipales, la proliferación de empresas de guardias y vigilancia privada, la inundación de cámaras de seguridad en las principales avenidas del país. La presencia de fuerzas especiales-militarizadas policiales en todas las actividades masivas, etc. Son todos elementos que constituyen parte del terrorismo policial donde la tortura como herramienta terrorista sigue siendo aplicado al momento de la detención. En ello, el poder judicial, los tribunales, han avalado estas situaciones y han sido cómplices, como siempre, de un mayor control social por parte de los aparatos del Estado del cual también forma parte. Nada hacen estos tribunales de la injusticia ante las redadas policiales en las poblaciones donde detienen a jóvenes pobladores solamente para amedrentar, por ejemplo.
Pero eso no es suficiente para los fines del poder.
El discurso anti subversivo y anti terrorista, en su formato anti delincuencial lo trasladan hacia el interior de los centros educacionales ya de enseñanza media como de educación superior centrando sus operaciones de inteligencia y de represión hacia los focos de resistencia estudiantil.
El discurso contrainsurgente hacia los establecimientos de enseñanza media se da en una nueva versión de la vieja táctica de “pueblo contra pueblo”. Desde esta táctica, el poder lo modifica, lo transforma y ahora su discurso va dirigido a los padres y apoderados para hacerlos corresponsables, hacerse cargo por el involucramiento de sus hijos e hijas en las protestas estudiantiles, en las tomas de los establecimientos y en la lucha callejera. El poder pretende “hacer pagar” a las familias (de clase trabajadora) por los costos de los “desmanes” y destrozos de la propiedad pública. Pretenden también hacerles pagar un costo por el descontrol de las familias sobre sus hijos que según el poder “se encuentran en una edad difícil donde los padres deben ejercer su autoridad y poder” que si no lo hacen serán ellos los que deberán enfrentar las leyes y penas. En pocas palabras ahora es “la familia contra sus hijos rebeldes”.
Pero esa política no resulta mucho porque los efectos miserables del capitalismo afectan al conjunto de las familias proletarias. Todos sus integrantes viven las consecuencias por lo tanto se entiende la lucha que dan sus hijos. Sin embargo, ese discurso sirve como propaganda y como parte de la lucha ideológica donde los medios de desinformación ocupan un lugar central como medios de propaganda contrainsurgente tergiversando así la lucha social y realizando montajes periodísticos. De ahí la importancia de los medios alternativos de información y que cada manifestante se transforme en un “periodista popular” utilizando para ello sus celulares y redes sociales. El cerco informativo se debe romper mediante la guerrilla comunicacional.
Pero ahora el poder avanza más en su Estado Policial.
Dese los gobiernos de la Concertación, los organismos de inteligencia policial y las políticas emanadas de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, han estado dirigida a infiltrar y crear al interior de los centros educacionales redes de inteligencia cuya finalidad es la de recabar información sobre los movimientos y colectivos estudiantiles, sobre sus militantes, dirigentes y políticas y sobre ellas lanzar todo el aparataje policial-represivo-estatal. Para ello en muchas ocasiones han conformado esas redes de inteligencia-infiltración de la mano de académicos, profesores y directores de establecimientos, pero también desde las alcaldías de los municipios.
Algunos casos:
2013.
2021
2022
2022
Posterior al plebiscito constitucional del 4 de septiembre, los estudiantes secundarios han retomado la lucha callejera por sus justas demandas. La masividad de las protestas y sus expresiones radicales han preocupado al poder debido al frágil equilibrio en que se encuentra tanto por la profunda crisis del capitalismo como del callejón sin salida que se encuentra el sistema político que sin importar lo que se haga desde el poder, el descrédito hacia la clase política no baja sino el repudio contra ella se incrementa, sube como la espuma. Esto hace que le nerviosismo y la angustia de los dictadorsuelos se desate.
Ahora las políticas represivas van en la dirección en acelerar la tramitación de una nueva ley de inteligencia policial-represiva, pero también en el fortalecimiento de las políticas de “aula segura” agregándole las políticas, en desarrollo, denominada “INTELIGENCIA PACTADA”. Esta consiste en introducir redes de inteligencia y espionaje al interior de los colegios con la finalidad de interceptar los celulares de los estudiantes, interceptar las redes sociales de los mismos, vigilarlos (físicamente), en base a aquello desarrollar las políticas de infiltración en los colectivos y movimientos estudiantiles para su desarticulación todo en coordinación con los directores, profesores y padres.
Con esta nueva política hacia los colegios, las políticas contrainsurgentes desembarcan al interior de los colegios al igual que lo hiciera en los tiempos de la dictadura de Pinochet. Y la verdad es que estas políticas nunca han sido eliminadas porque constituyen uno de los elementos esenciales para el perfeccionamiento y prolongación de la “obra” del régimen neoliberal impuesto en dictadura y pactada en la transición. Transición que es eterna e infinita.
Las demandas estudiantiles deben incluir la demanda por desmilitarizar los colegios y liceos, los centros educacionales. Y es esta militarización de los establecimientos no sólo se da a través de la creación de estas redes de inteligencia sino también de la militarización del entorno de los colegios mediante la vigilancia de efectivos de fuerzas especiales en las inmediaciones lo cual constituye una vulneración al derecho de estar en un espacio público desmilitarizado como es también una clara provocación.
Debe incluir la denuncia de estas operaciones que atentan claramente contra la integridad de los derechos de los niños y adolescente como desvirtúa por completo la esencia de la educación y de los procesos formativos, desarrollo cognitivo y de las habilidades de los estudiantes. Atenta contra el ejercicio del derecho a organizarse y de protesta propio de cualquier persona o ciudadano y por lo tanto atenta contra los derechos humanos que tanto le gusta a los burgueses llenarse la boca.
El petitorio estudiantil debería también incluir el destierro de todos los elementos contrainsurgentes que invaden la educación ya sea en sus planes y programa, en el discurso educacional de las autoridades de los establecimiento, locales o centrales, en su relación con los organismos represivos, que se expresa también en los Reglamentos de Convivencia Escolar, en la ejecución de Consejos de Disciplinas para la expulsión y sanción de los alumnos donde los directores son juez y parte y donde los estudiantes son sometidos a verdaderos juicios, similares a los consejos de guerra, sin que se puedan defender, sin que nadie los defienda y sin respetar las normas básicas de un juicio justo e imparcial estipulado como derecho humano básico. El abuso de poder es evidente y se debe combatir. Se debe demandar y desmantelar.
¿Cómo operan las redes de inteligencia, de infiltración y de represión en tu colegio, liceo o centro de educación superior? ¿Cómo se expresa? ¿Cuáles son sus formas e integrantes?
