EL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO EN CHILE
Los tribunales, se sabe, y las leyes están hechas como camisas de fuerza para la opresión y explotación de la clase trabajadora, de los pueblos. De ahí aquello de: “la lucha nos da lo que la ley nos quita” o “las cárceles son centros de exterminio. El rico nunca entra. El pobre nunca sale”. Pero si ese carácter de clase se traslada a la persecución de luchadores sociales, de revolucionarios, entonces, ese procedimiento judicial, esos códigos penales adquieren su forma de Derecho Penal del Enemigo, es decir, el sentido y forma de venganza contra el perseguido se profundiza, se hace más brutal no sólo en la aplicación de una sentencia aniquilatoria para el detenido sino que también se le impone un régimen carcelario extremo cuya finalidad su aniquilamiento, su exterminio. Ejemplos de esto tenemos de sobra partiendo por Ulrike Meinhof, y sus camaradas, Leonard Peltier, Abdullah Ócalán, Víctor Polay, Abimael Guzmán y sus camaradas, Carmen Villalba, sólo para nombrar algunos. Como también los más de 3000 niños palestinos encarcelados en cárceles israelitas, los presos políticos palestinos, kurdos, filipinos, los revolucionarios encarcelados también en Europa, y alrededor del mundo. Las políticas de aniquilamiento son un hecho.
En el caso de Chile son varios los casos que se aplica el Derecho Penal del Enemigo bajo el argumento político, convertido en ley y derecho penal, de alzarse contra el Estado y el “derecho” que le asiste al Estado de defender la “seguridad nacional”.
Presos Políticos Mapuche
Testigos sin rostros, falsificación de las pruebas, creación de pruebas, montajes políticos-judiciales, condena mediática previa al inicio siquiera de la investigación judicial, nula presunción de inocencia y para qué hablar de un juicio imparcial o el respeto del derecho internacional que le asiste a los pueblos originarios.
El caso emblemático es el proceso contra Héctor Llaitúl. La Fiscalía centra la solicitud de 25 años de cárcel en que Llaitúl le declaró la guerra al Estado de Chile entre otros hechos. Pero, ¿acaso no fue el Estado de Chile el que invadió, anexó el territorio mapuche, el que no respeto la nación mapuche? ¿Acaso no fue el Estado de Chile el que se hizo en forma fraudulenta e ilegal con el territorio mapuche traspasando esas tierras a los “colonos”? ¿Acaso no fue la Pacificación de la Araucanía un genocidio perpetrado por el Estado de Chile? Lo realizado por Chile contra el Wallmapu es lo mismo que hizo Estados Unidos contra México usurpando el 50% de su territorio y es lo mismo que hace hoy “Israel” contra Palestina.
Quien se encuentra en fragrante ilegalidad al sur del Bio Bio es precisamente el Estado de Chile, por lo tanto, alzarse en armas, declararle la guerra a un invasor es de toda legitimidad, es el ejercicio pleno del derecho de los pueblos a la rebelión, a la lucha armada en protección de su territorio, soberanía, independencia pero sobre todo de su autodeterminación.
Francisco Solar y Mónica Caballero
Ambos presos anarquistas, el Estado de Chile exige una condena contra Francisco Solar de 85 años y contra Mónica Caballero de 12. Ambos acusados de atentados explosivos.
Pero, ¿cuál es el imperio de la ley, de la igualdad ante la ley?
El Brigadier Pedro Espinoza recibió una condena de apenas 7 años por su participación en el asesinato de Orlando Letelier en Washington, Estados Unidos donde como agente del Estado perpetró ese atentado terrorista del Estado con recursos e infraestructura del Estado en territorio extranjero lo cual significó la coordinación con otras agencias y estructuras de otros países (asociación ilícita terrorista) y con todo fueron sólo 7 años. Fue un acto de guerra donde pierden la vida dos civiles, desarmados. Sin duda alguna Francisco Solar / Mónica Caballero están muy lejos de Espinoza, los primeros son revolucionarios y el segundo es un asesino-genocida.
Pero hay más.
Es inaudito que la policía militarizada de carabineros después de haber cometido crímenes contra humanidad durante el estallido social del 2019, quedando esto impunes en su totalidad, el gobierno de Boric sigue financiándolos y peor aún fortalece la labor represiva y asesina de carabineros y no sólo eso ahora pretenden sacar al ejército a las calles organismo también involucrado es un desfalco, robo de proporciones que también ha quedado sin justicia.
En la misma línea el gobierno de Boric ha impulsado la Ley Anti Tomas, una nueva Ley Anti Terrorista, una nueva Ley de Inteligencia, nuevas reglas en el uso de la fuerza (RUF), y 48 leyes represivas bajo la excusa de combatir el crimen organizado. Junto a ello ha mantenido a la Araucanía bajo Estado de Excepción durante 2 años consecutivos y continuos como también en el norte del país. Se avanza en la militarización de las ciudades, del territorio nacional, de los espacios públicos y se comienza a pasar de la criminalización de los movimientos sociales, del estado policial en su versión de doctrina de seguridad ciudadana (nacional) al desarrollo de tácticas y políticas de guerra interna de baja intensidad como también de la redefinición y reconfiguración del enemigo interno. Para ello se requiere sentencias ejemplares o ejemplarizadoras para opacar toda posibilidad de rebelión o revuelta masiva. Todo esto con el apoyo de transversal de la clase política, progresistas y fascistas, a la cual la ciudadanía rechaza en un 97%, es decir, los percibe como ilegitima.
Ante esta situación sólo caben dos posibilidades: a) la plena sumisión y b) la plena rebelión. La primera en ningún caso constituye una alternativa válida, posible por cuanto es una alternativa indigna que sólo perpetúa una situación indignante y que no busca tampoco la libertad y protección de las vidas de quienes han encarcelado. La segunda alternativa es la única posible por cuanto es el camino de la recuperación de nuestra soberanía, de tomar la historia en nuestras manos pero sobre todo de la recuperación de nuestra dignidad.
