CHILE. LOS ACUERDOS NACIONALES: HERRAMIENTA CONTRA EL PUEBLO

El capitalismo se puede analizar tanto como un sistema de dominación como también como un proceso. Si lo tomamos como un proceso esta muta, se reformula a si mismo, y desde el poder, la clase dominante se plantea nuevas metas obviamente desde dentro de los marcos capitalistas y teniendo como meta cómo aumentar cada vez más las ganancias de la minoría parasitaria y como a la vez aumentar la concentración del poder. Este proceso de concentración se da a nivel nacional y este supeditado a los intereses imperialistas donde la nueva agenda capitalista a nivel nacional viene digitada desde la metrópoli imperialista, desde la fuerza imperialista hegemónica.

Esa readecuación en el proceso de desarrollo capitalista viene de la mano del necesario cambio del marco político-jurídico, es decir, de la constitución burguesa de turno. Los cambios constitucionales, entonces, representan la readecuación del programa político-económico-estratégico de la clase capitalista, dominante donde esta requiere revalidar su sistema de dominación, dotarlo de algún sentido progresista, aunque falso. Para lograr esa revalidación convoca a un debate constitucional, levanta la idea que el poder de decisión se encuentra en el pueblo donde este ejerce su voto en forma individual, no colectiva, reduciendo la soberanía popular a una democracia electoral donde el voto en sí no tiene ningún peso y relevancia salvo desde el punto de vista simbólico e ilusorio.

Los cambios constitucionales se levantan cada vez que ha sido la clase trabajadora, el pueblo quienes se han alzado en una protesta nacional radical contra el sistema o contra de la clase política corrupta y oligárquica. Así ocurrió en la década del 20 que derivó en la imposición de la constitución ilegitima de 1925 y lo que ha ocurrido últimamente en Chile desde 2019 hasta hoy. También la idea de una nueva constitución se da desde la clase dominante cada vez que esta ha querido imponer el nuevo programa de dominación posterior a la matanza perpetrada para aplastar definitivamente o por un largo plazo la rebeldía del pueblo. Esto ocurrió con la imposición de la constitución de 1833 y la de 1980, hasta hoy vigente, para aplastar el avance popular que se dio dentro del proceso popular que derivó en la elección de Salvador Allende. En ambos casos, la nueva constitución o el debate constitucional representa el ajuste del capitalismo que impone la clase dominante en el plano político-institucional. Es su camisa de fuerza contra los trabajadores y pueblo y representa entonces la voluntad de la clase dominante.

Pero, en el plano político, en el plano del gobierno, las diferentes facciones burguesas, los diferentes partidos parlamentarizados y sistémicos representan facciones de la clase dominante en disputa donde aquello de “fuerzas gobiernistas v/s fuerzas de oposición” resulta falso y una simple ilusión por cuanto ambas fuerzas defiende el mismo sistema de dominación donde una fuerza opositora propiamente tal es inexistente como lo es también la división artificial al nivel parlamentario entre izquierda, centro y derecha al ser todas fuerzas pro capitalistas. Aún así la lucha por la hegemonía entre esas diferentes facciones se da. Las contradicciones al interior del bloque de poder dominante también se expresan.

La forma que tiene la clase dominante de imponer también la revalidación del sistema, de aterrizar el nuevo paquete de ajuste al sistema capitalista de dominación es obligar a las distintas facciones a concurrir a la firma de un Gran Acuerdo Nacional donde aparte del paquete de ajuste el objetivo es dejar en la impunidad los crímenes cometidos en la última matanza y endurecer la legislación haciéndola más anti obrera, más antipopular y contrainsurgente. Tiene como objetivo cerrarle el paso a toda expresión de descontento social, de protesta y de avance popular desde fuera. En Chile los Grandes Acuerdos Nacionales han aparecido cada vez que el sistema ha entrado en una crisis profunda y que la clase dominante requiere “ordenar la casa”. Veamos.

Acuerdo Nacional para la Transición y la Plena Democracia

Fue en el contexto de las sucesivas protestas populares, el ejercicio de la violencia popular, miliciana y las acciones armadas de envergadura que los partidos burgueses tanto de “oposición” como pro a la dictadura impusieron este acuerdo nacional el 25 de agosto de 1985 con la finalidad de evitar una salida popular o revolucionaria a la dictadura. Se buscaba resguardar el sistema impuesto desde el golpe de estado, las bases de la revolución capitalista o neoliberal como al denominan los intelectuales sistémicos burgueses. Era buscar también la continuidad de la institucionalidad capitalista-neoliberal, Constitución del 80, y la impunidad sobre los crímenes contra la humanidad.

Entre las propuestas institucionales del texto, se encontraban:²​

• Convocatoria a elección popular de la totalidad del Congreso Nacional 
• Establecimiento de un procedimiento de reforma constitucional que contemplare la celebración de un plebiscito en caso de desacuerdo entre Ejecutivo y Legislativo.
• Elección del Presidente de la República mediante elección directa y popular, con segunda vuelta  si fuere necesario.
• Existencia de un Tribunal Constitucional  en el que estén representados adecuadamente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Dicho tribunal sería el único facultado para decretar la inconstitucionalidad de partidos y movimientos contrarios al sistema democrático.
• Regulación de los estados de excepción constitucional.

En materia económico-social, el Acuerdo proponía:

• Superación de la extrema pobreza, alcanzar una tasa alta de crecimiento económico y asegurar oportunidades de empleo estable como metas principales.
• Garantía constitucional del derecho de propiedad, incluidos los medios de producción.
• Economía mixta, en que el Estado tuviera una función activa.
• Equilibrio de las relaciones entre trabajadores y empleadores.

Contemplaba, además, una serie de medidas inmediatas:

• Término de los estados de excepción y del exilio.
• Formación de registros electorales.
• Término del receso político y derogación de las normas que impedían el funcionamiento de los partidos.
• Aprobación de una ley electoral para elegir Presidente de la República y Congreso Nacional, mediante sufragio directo, personal y secreto, libre, informado y debidamente controlado.
• Convocatoria a un plebiscito que legitimase las medidas propuestas.

Este fue el inicio de la transición y consolidación del sistema que duró hasta la revuelta popular o estallido social del 2019. Desde ese acuerdo nacional se consolidó y se perfeccionó todo lo obrado desde 1973 es decir ese acuerdo sirvió para el sometimiento de los trabajadores y pueblos por más de 50 años hasta el día de hoy.

Acuerdo Por la Paz y la Nueva Constitución

En medio del gran estallido social, de la revuelta popular del 2019 y donde el conjunto del sistema estuvo al borde del abismo y donde la clase política, el gobierno y las instituciones del Estado se vieron sobrepasadas, el conjunto de los partidos parlamentarizados concurrieron a firmar o validar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, 15 de noviembre del 2019, imponiendo el debate constitucional ajeno a las demandas del amplio pueblo movilizado como una forma de revalidar la política burguesa, sus instituciones y de domesticar la protesta. Algunos de los partidos los firmaron y otros como el Partido Comunista lo obedecieron y fueron parte de su ejecución posterior. Lo medular, en todo caso, no fue la redacción de una nueva constitución sino que resguardar el modelo económico, los tratados de libre comercio y los intereses oligárquicos-imperialistas. Se imponía un cambio cosmético no estructural. El paradigma capitalista-neoliberal no estaba en cuestión.

El fracaso de la salida burguesa a la actual crisis, desde la agenda constitucional, se da dado por el rechazo mayoritario de las dos propuestas constitucionales plebiscitadas: Ninguna de ellas ni aquella que se presentó como progresista ni menos la conservadora dieron respuestas a las demandas de los trabajadores ni a las demandas levantadas durante el estallido social.

El Nuevo Gran Acuerdo Nacional que viene

Terminada la ilusión de una nueva constitución como herramienta única ante la crisis, la clase dominante se encuentra en un callejón sin salida debido a la incapacidad del conjunto del político dominante para presentar una propuesta creíble ante los explotados. Saben que los problemas sociales, políticos-estructurales que permitieron el estallido social del 2019 siguen estando presente y ahondados y por lo mismo saben que un nuevo estallido puede aparecer en cualquier momento todo también del aumento de rechazo a la clase política en su conjunto que alcanza el 99%.

Terminado el show constitucional ya se anuncia un Gran Acuerdo Nacional como antes. Y es aquí donde los explotados y su amplio espectro de organizaciones se deben hacer las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál será el contenido de este ajuste capitalista al cual llaman Acuerdo Nacional?
2. ¿Se puede imponer un acuerdo nacional desde la elite del poder sin que se tome en cuenta la voz del pueblo, de la clase trabajadora?
3. ¿Vamos a permitir que ese acuerdo nacional se implemente, que se imponga contra nuestros intereses y demandas?
4. ¿Qué tenemos que hacer para evitar ese acuerdo nacional e imponer nuestras propias demandas y necesidades?

Tratemos de responder las preguntas mínimamente.

Primera. Según el discurso desde el poder, el acuerdo nacional debe estar destinado a: a) reactivar la economía, incentivar el crecimiento y la productividad, b) eliminar la incertidumbre causada por el debate constitucional, c) imponer una agenda de seguridad pública contra la delincuencia-terrorismo y el crimen organizado, d) recuperar el orden público. Todos estos objetivos tienen un alto contenido antipopular, y va en contra de las demandas del pueblo.El terrorismo de estado se expresará en el plano económico como policial-represivo.

Segunda. El nuevo acuerdo nacional Inter burgués se podrá imponer por varios factores. a) por la dispersión y fragmentación del campo popular que aún no asume la importancia de la Unidad como elemento estratégico, b) por el rol nefasto y reaccionario que le cabe al progresista / reformismo en el desarrollo y validación de las políticas capitalistas, c) por la desilusión y consecuencia represiva derivado del 2019.

Tercera. Resulta indispensable, articular, generar todos los espacios posibles que tengan como objetivo inmediato frenar este nuevo acuerdo nacional que es una nueva ofensiva patronal y donde progresistas y fascistas concurrirán alegremente como lo hicieron en el pasado. Se debe denunciar desde ya este nuevo ajuste económico-político en marcha.

Cuarta. Si bien la unidad del pueblo se debe alcanzar desde la mayor amplitud, esta de nada servirá para los propósitos populares si es que no se combate en dos direcciones. Primero, contra las fuerzas tradicionales capitalistas y oligárquicas y segundo, contra los sectores, vacilantes, oportunistas progresistas y reformistas que desde el plano político-social han aportado grandemente en la confusión político-ideológica del pueblo, de la clase y que han logrado intervenir las organizaciones del pueblo y cooptarlas, hacerlas serviles a sus propósitos de dominación. Esa unidad se debe dar desde la autonomía e independencia de clase levantando desde ya nuestro propio acuerdo popular que sirva como instrumento de lucha.