PARAGUAY ESTÁ AL MARGEN DEL DERECHO INTERNACIONAL

AMÉRICA REBELDE febrero 3, 2024 9:59 am 0

Desde un tiempo a esta parte o más precisamente desde el triunfo de la Revolución Bolivariana en Venezuela se instaló la idea que el problema central de los pueblos y de los trabajadores tenía su centro en la redacción de una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Esto desplazaba la contradicción fundamental entre capital y trabajo, la lucha por el poder desde una perspectiva revolucionaria imponía una necesaria conciliación de clases para la conquista de la constituyente y curiosamente centraba el problema en un aspecto político-jurídico. Está visión de Socialismo del Siglo XXI no necesariamente caminaba a la construcción del socialismo y de una efectiva estrategia antiimperialista aun cuando la retórica así lo señalara. La constitución venía a ser lo central.

Paraguay, después de 35 años de dictadura militar-burguesa fascista, debe ser uno de los países latinoamericanos que posee una de las constituciones más progresistas que al leerla uno se puede emocionar por cuanto en todo su articulado se pueden ver reflejado los tratados internacionales de derechos humanos, el respeto a los derechos fundamentales y todo ese entramado proveniente desde el mediados del siglo XX y de la posguerra. Pero esa propuesta constitucional, político-jurídico, contrasta con la realidad fascista que aún vive Paraguay y la estructura intacta heredada de la dictadura de Stroessner.

Al igual que el resto de los países latinoamericanos, Paraguay también cumplió con el mismo ritual:

Se impuso una transición pactada hacia la “democracia”.
Se impuso la impunidad sobre los altos mandos de las fuerzas armadas y de orden y sobre el conjunto de los organismos de exterminio.
Se mantuvo el conjunto de la institucionalidad político-jurídico impuesta bajo la dictadura.
Se dejó también en la impunidad al alto mando empresarial y judicial cómplice del terrorismo de estado y de los crímenes contra la humanidad.
Se impuso una verdad oficial mediante una comisión de verdad y justicia.
No se cumplieron las recomendaciones plasmadas en el informe de esa comisión de verdad y justicia cuyo objetivo en su cumplimiento decía relación con dejar atrás la herencia dictatorial y fascista y construir una democracia efectiva, real.
Se impuso el neoliberalismo o capitalismo de guerra, como se ahondó el poder oligárquico y la dependencia neocolonial e imperialista.
Con todo lo anterior el pueblo y la clase trabajadora quedaron sumidos en iguales niveles de opresión, explotación y represión como en los años de la dictadura militar con la diferencia que ahora esa opresión, explotación, represión y miseria se da bajo la ilusión del estado de derecho, del imperio de la ley, del respeto de los derechos humanos y de la democracia burguesa. Esto constituye lo más nefasto para los intereses populares-democráticos porque esconde la realidad fascista que vive Paraguay y hace más difícil la toma de conciencia de esta realidad opresiva.

Al cumplir Paraguay ese ritual fue devuelto al concierto de las naciones democráticas, al circuito de las naciones de “bien” que es recibida por las naciones integrantes de los centros imperialistas, de las instituciones internacionales impuestas por este, de todo tipo, y en los foros internacionales. Paraguay como el resto es parte del ministerio de colonias que es la OEA y se somete a su carta democrática y al respeto de los tratados internacionales de derechos humanos sin embargo todo ese discurso oficial es letra muerta, es un cascarón vacío cuando se trata de hacer cumplir esos tratados, respetar efectivamente el derecho internacional y se parte real de ese marco jurídico cuando se trata de alcanzar la justicia en el caso de Lichita y en los crímenes contra los presos políticos acusados de ser parte de un movimiento revolucionario. Es así también como las prisioneras políticas Carmen y Laura Villalba purgan condenas que se encuentran al margen del derecho internacional y nacional, al margen de todo precepto judicial decente y sin embargo se encuentran privadas de libertad a vista y paciencia de la constitución paraguaya y de los organismos de derecho internacional.

Al buscar más información sobre el caso de Lichita, menor de edad de 14 años desaparecida por las Fuerzas de Tarea Conjunta, FTC, de Paraguay y considerada por el Estado Paraguayo como objetivo militar al ser considerada también de ser parte del Ejército del Pueblo Paraguayo, encontramos lo siguiente:

ONU reitera a la Fiscalía pedido de investigación a la FTC en el marco de la desaparición de «Lichita»

El 22 de enero pasado, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas envió al Estado paraguayo una serie de cuestionamientos y recomendaciones en relación con la Acción Urgente N° 1006 que esta instancia tramita desde el 2021 por la desaparición forzada de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba.

Este viernes 2 de febrero, a propósito del 35 aniversario de la caída de Stroessner, la Campaña Internacional ¿Dónde está Lichita? entregará una nota a la Unidad Fiscal que tramita la causa, exigiendo avances en la investigación. La entrega se realizará a las 10:00 horas, e irá acompañada de las planillas de 4.846 firmas reunidas por las organizaciones integrantes de la campaña, además del documento remitido al Estado por la ONU. El 30 de enero pasado se cumplieron 38 meses la desaparición forzada de “Lichita”.

¿Qué dice Naciones Unidas?

El organismo pide una investigación imparcial, enfatiza sobre las sospechas de una desaparición forzada, pide transparencia y participación de organismos de DDHH en las tareas de búsqueda, así como medidas cautelares de protección y garantías para los familiares de “Lichita”. Solicitan también sea considerada la hipótesis de que Carmen Elizabeth se encuentre en manos de organismos de seguridad del Estado.

También encontramos en internet que:

¡LAURA NO ESTA SOLA!

LAURA VILLALBA:

Mamá de María Carmen, una de las dos niñas argentinas asesinadas en Paraguay el 2 de septiembre de 2020

Tía de Lilian Mariana, la otra niña asesinada

Tía de Carmen Oviedo Villalba, Lichita, desaparecida desde el 30 de noviembre del 2020.

En el primer juicio, juzgada en el Tribunal de Sentencia de Concepción, Paraguay, por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” donde la condenaron a 3 años de cárcel y quedó absuelta por «violación familiar»

En el segundo juicio, que se realizará el 8 febrero en Asunción, la acusan de terrorismo, de ser parte de la guerrilla del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

El escenario jurídico, político y comunicacional que se ha montado, busca criminalizar a la familia Villalba y legitimar el crimen de las niñas.

Y ¿cuál fue la repuesta del Estado Paraguayo?

Otra muestra de obstrucción fiscal en la causa de Lichita

Esta mañana, desde la Campaña Internacional ¿Dónde Está Lichita? nos acercamos a la Unidad Especializada en la Lucha Contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes para entregar un escrito urgiendo avances en la investigación sobre la desaparición forzada de Lichita junto a las planillas de 4.848 firmas que respaldan nuestra exigencia.

El escrito iba acompañado de la última comunicación del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada de personas que, entre otras cosas, pide una investigación imparcial, enfatiza sobre las sospechas de una desaparición forzada, pide transparencia y participación de organismos de DDHH en las tareas de búsqueda, así como medidas cautelares de protección y garantías para los familiares de “Lichita”. El organismo solicita también sea considerada la hipótesis de que Carmen Elizabeth se encuentre en manos de organismos de seguridad del Estado.

Para sorpresa nuestra, la Agente Fiscal de la causa, Carina Sánchez, se negó a recibir el documento, alegando que al no llevar la firma de la madre de Lichita, Carmen Villalba, no podría ser integrado a la causa. El escrito jurídico llevaba la firma de la abogada Daysi Irala, representante legal de Carmen Villalba y firmante de la denuncia que dio inicio a la causa.

Este hecho pone en evidencia, una vez más, la inoperancia del Ministerio Público, que, a más de tres años, no ha formulado siquiera una imputación en la causa, y se ha negado de manera sistemática a investigar el caso como una posible desaparición forzada, pese a las reiteradas recomendaciones de organismos de DDHH nacionales e internacionales, así como de la propia Organización de las Naciones Unidas.

Desde la Campaña Internacional, seguiremos insistiendo, preguntando, exigiendo y movilizando. En los próximos días, volveremos a esta Unidad Fiscal y a otras dependencias de los tres Poderes del Estado para seguir reclamando por avances concretos en la búsqueda de Lichita.

¿Por qué se da esto? ¿Por qué Paraguay se da el gusto de irrespetar el derecho internacional y nacional, de violar su propia constitución progresista y aun así los sucesivos gobiernos no ser cuestionados ni depuestos ante ese irrespeto?

Para la conquista de la Libertad, Igualdad y Fraternidad proclamada por la Revolución Francesa y asumida por la teoría burguesa del derecho no es suficiente con el mero derecho, con la sola ley o con la redacción de una constitución por más progresista que esta sea.

El derecho, la ley y la constitución son el reflejo de la correlación de fuerzas en un momento determinado, refleja la lucha de clases, pero esencialmente refleja la voluntad de la clase dominante. El respeto de la ley y del derecho, representante del Estado órgano opresor de la clase dominante, en el poder, no se da por si sólo sino su respeto en consecuencia del ejercicio del poder, de la fuerza que a la vez es monopolizada por el Estado, es decir, por la clase dominante. El apoyo de la ley está en la fuerza monopolizada y no en la mayoría democrática.

De lo anterior, el irrespeto del derecho internacional y nacional por parte del Estado paraguayo, de los organismos del estado y por lo tanto de su clase dominante se da en la concentración del poder antidemocrático de esta, en su carácter fascista y en la involuntad de esa misma clase dominante de someterse al derecho internacional y de los organismos como es la ONU y sus derivados. Desde una definición precisa, político-jurídico, Paraguay al no respetar el derecho internacional se sitúa al margen de este, pero ante esa ilegalidad de ese estado las naciones vecinas, latinoamericanas, guardan silencio cómplice como también lo hace el ministerio de colonias que es la OEA. Son cómplices en la violación evidente a los derechos fundamentales. Entonces el problema de los pueblos, de los trabajadores no es meramente político-jurídico, no se soluciona por una asamblea constituyente, sino que el problema central es el poder.

Paraguay no es el único Estado Ilegal

Para ser justos con los esbirros paraguayos debemos decir que no sólo ellos se sitúan al margen del derecho internacional asumido voluntariamente por ellos mismos también lo son los esbirros y clases dominantes ecuatorianas, chilenas, peruanas, colombianas, etc.

En Ecuador, los presos políticos del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, MGTL, son privados de libertad en base a acusaciones falsas de todo tipo. Peor aún ante la crisis carcelaria y del crimen organizado los presos políticos han sido brutalmente torturados sistemáticamente y negados los derechos fundamentales más elementales relacionados estos con la dignidad misma que le asiste a cualquier detenido en cualquier país que se defina como respetuoso al derecho internacional. En tal sentido la vida del compañero Omar Campoverde corre grave peligro al ser el máximo dirigente del MGTL ha sido sobre él que las políticas genocidas han recaído con mayor fuerza y brutalidad. Sin embargo, Ecuador sigue siendo considerada como una nación y estado democrática y que no ha sido condenada internacionalmente por la violación sistemática a los derechos fundamentales y al irrespeto del derecho internacional. El problema nuevamente no es jurídico sino de poder concentrada en esa clase dominante genocida de Ecuador.

En Chile, la prisión política también tiene su larga historia y continuidad en la transición hacia la “democracia” a partir de los 90s. Si en los primeros años la represión se volcó contra los movimientos revolucionarios, posteriormente el Estado y clase dominante chilena situó al movimiento mapuche como su principal enemigo interno. La vulneración del debido proceso en todos los juicios contra los revolucionarios mapuche ha sido evidente o continuo. El poder judicial y el estado a través de los gobiernos de turno, y de Boric también, han ido en la defensa de los poderes económicos enquistados en el Wallmapu o Araucanía. Defienden a las forestales, a las hidroeléctricas, a los dueños de la tierra por sobre la demanda legítima de la recuperación territorial, y la necesaria autodeterminación del pueblo mapuche.

Hoy, revolucionarios mapuche pertenecientes a la Coordinadora Arauco-Malleco, CAM, llevan más de 75 días en huelga de hambre encontrándose sus vidas en serio riesgo. Los medios reaccionarios de incomunicación, los medios pertenecientes al gobierno o al estado ha impuesto un cerco informativo jamás visto. Han silenciado esta huelga legítima y pacífica. El poder puede más que el respeto al derecho, a la ley o a los tratados internacionales.

Y qué decir de la realidad peruana y colombiana donde el genocidio se ha mostrado en toda su dimensión más cruda y evidente como también la impunidad impuesta desde el poder ante la comunidad internacional misma. El derecho en sí, y el derecho internacional no existen en estas naciones sin embargo son consideradas naciones y estados democráticos respetuosos de la ley y del derecho. Los miles de presos políticos peruanos y colombianos, los crímenes sin justicia ahí están como Cristo crucificado. Y qué decir también de México de los crímenes cometidos contra el pueblo a diario, contra los movimientos de liberación nacional, de sus presos políticos, de sus dirigentes desaparecidos como es el caso de Higinio Bustos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS y tantos otros compañeros a lo largo y ancho de América Latina, y del mundo, los casos se cuentan por cientos o quizás miles. El derecho por si sólo se muestra ineficaz y no faltarán quienes sigan soñando con aquello que todo lo resuelve una asamblea constituyente, una nueva constitución sin tomar en cuenta que mientras no se resuelva el problema del poder, la contradicción capital y trabajo, mientras los pueblos no avancen hacia la toma del poder el ejercicio del derecho, de la ley la seguirá imponiendo la clase oligárquica en el poder, el fascismo amparado por el imperialismo.

¿Qué hacer entonces?

Luchar incansablemente por el respeto de los derechos fundamentales inmediatos, luchar por la integridad y vida de nuestros presos políticos, luchar hasta encontrar a nuestros desaparecidos, por la libertad de todos los presos políticos.

Luchar por el juicio y castigo de todos los oligarcas y esbirros responsables en estos crímenes. Devolver la Justicia y la Libertad a las manos y corazones de los pueblos y de los trabajadores.

Unirnos en esta lucha y situarnos frente a frente contra nuestros enemigos de clase, contra quienes oprimen y explotan a nuestros pueblos y a nuestra clase. No olvidar que el derecho expresa la voluntad de quien detenta el poder, de la correlación de fuerzas y cómo se expresa la lucha de clases. Que si queremos alcanzar la justicia plena debemos entonces tomarnos el poder, cambiar la correlación de fuerzas y ganar la lucha de clases a nuestro favor.

En el intertanto:

¡LIBERTAD PARA TODOS LOS LUCHADORES SOCIALES, REVOLUCIONARIOS Y COMBATIENTES ENCARCELADOS!

¡JUSTICIA PARA NUESTROS DESAPARECIDOS Y EJECUTADOS POLÍTICOS!

¡JUICIO Y CASTIGO PARA LOS OLIGARCAS Y ESBIRROS!

¡BASTA DE ESTADOS PARIAS!