EN CHILE SE VIOLAN LOS DERECHOS HUMANOS
Como una bomba de racimo aparece la última encuesta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH (Encuesta Nacional de Derechos Humanos, 2022) en Chile. Las cifras obtenidas son lapidarias a semanas de llevarse a cabo la elección del 7 de mayo donde se elegirá a un grupo selecto que redactará una nueva constitución.
En momentos en que el gobierno de Boric y el conjunto de la clase política se une en torno al discurso de “combate a la delincuencia” y al “crimen organizado” en un intento de validar al Estado como instrumento efectivo para solucionar los problemas fundamentales de la mayoría y en momentos en que Boric le otorga pleno respaldo político a la policía militarizada de carabineros como también en cuantiosos recursos económicos y bélicos, la encuesta rema en sentido contrario.
Un 62,5% calificó con nota 4 o inferior cuando se les preguntó si en Chile se respetaban los derechos humanos.
Un 64, 8% señala que las personas no pueden tener un juicio justo sin discriminación. Hay desconfianza hacia los tribunales de justicia.
Un 86% señala que en Chile existen grupos específicos a los cuales se les discrimina diariamente y un 41% señala que ha sido discriminado en los últimos 12 meses en algún servicio público.
Un 36% identifica a carabineros como la institución que más viola los derechos humanos seguido por el Estado (22%) as fuerzas armadas (18%).
Sumado a esto, aun cuando no lo menciona la encuesta, la clase política tiene un rechazo / desconfianza de 94% aproximadamente lo cual deja a las principales instituciones del Estado al borde del precipicio si consideramos por clase política a quienes ejercen el poder desde el parlamento, el gobierno y desde los partidos políticos.
Esta situación cobra mayor importancia y gravedad si se considera que desde el Estado y desde la clase política se está intentando imponer una solución autoritaria y/o dictatorial a la grave crisis política que enfrenta Chile desde el estallido social del 2019 mediante la redacción de una constitución en medio de un proceso constitucional fraudulento y carente de toda participación ciudadana o soberana.
También resulta grave si se considera que la forma que encuentra el gobierno de enfrentan el incremento de la delincuencia y del narcotráfico es desde el desarrollo de la guerra interna y de las políticas belicistas, es decir, desde el Estado que se encuentra profundamente deslegitimado y que se presenta como ineficaz e inoperante.
Se suma a esto la grave crisis económica que viven los trabajadores no sólo como derivado de la pandemia-cuarentena sino del mismo modelo neoliberal que el conjunto de la clase política y de los aparatos del Estado protegen y que quedará salvaguardado en el nuevo texto constitucional donde la votación es obligatoria.
En el plebiscito de salida (ratificatorio) del primer intento de nueva constitución hubo 2 millones de personas que no concurrieron a votar a pesar de ser el voto obligatorio y con la amenaza de ser multados. Aun así, la abstención fue alta signo del rechazo y desconfianza que se refleja en la encuesta. Eso considerando que dicho texto propuesta se presentaba como progresista. Con el oscurantismo que se presenta en actual proceso constitucional todo indica que la votación del 7 de mayo tendrá una abstención similar y quizás superior a la anterior.
Lo concreto es los trabajadores y sus familias se encuentran en el total abandono y desprotección. No hay institución que pueda defenderlos en sus derechos más básicos y elementales lo cual constituye una situación de violencia institucional clara. Esto constituye una situación explosiva ya que no es el Estado y sus instituciones las herramientas que pueden canalizar y solucionar ese descontento.
