CHILE. EL ACUERDO DE LA CLASE POLÍTICA VULNERA LA CONSTITUCIÓN Y USURPA LA SOBERANÍA.

En medio de la campaña plebiscitaria por Aprobar o Rechazar el nuevo texto constitucional emanado de la Convención Constitucional, y ante la posibilidad de las encuestas (manipuladas o no que el mismo gobierno ha validado) donde la opción Rechazo se ve con clara ventaja de triunfo.

Ante este escenario tanto los partidos de la derecha y parte del progresismo han hecho público un documento donde se comprometen a reformar la constitución dando a conocer aspectos concretos y haciendo lo mismo los partidarios del Apruebo que apoyan el gobierno, de izquierda y progresistas, comprometiéndose también en realizar reformas en aspectos específicos.

Ambos acuerdos se realizaron entre cuatro paredes, de espaldas al pueblo, sin la participación de organizaciones sociales, ajenas a los movimientos sociales, de trabajadores y sin la participación de las comunidades y territorios de los pueblos originarios vulnerando así la supuesta soberanía que se habría expresado en el proceso de elección de los integrantes de la Convención Constitucional, en la Convención misma como poder constituyente, en la deliberación que ella realizó, en la redacción de la propuesta constitucional y en la presentación del texto definitivo que se plebiscitará el 4 de septiembre fecha en que termina el proceso constitucional, recién.

Estos acuerdos, más aquellas propuestas de reformas en cada uno de los partidos, solamente es la constatación de cómo la clase política civil utiliza el discurso sobre la soberanía de los pueblos en cuanto a que el poder radica en él solamente como un elemento de campaña, de retórica, de discurso político cuando en realidad ellos se auto conciben como únicos capaces de hacer política imponiendo el monopolio sobre ella y reduciendo a los movimientos sociales, sindicatos, pueblos originarios y otros como comparsas o acompañantes.

Pero más allá de aquello, el conjunto de la clase política oligarquizada ha reconocido que la actual constitución, la de Pinochet-Lagos, se encuentra socialmente muerta desde el mismo día en que se inició el estallido social (18 de octubre, 2019) y que desde esa fecha hasta ahora ha habido un proceso de elaboración de un nuevo “pacto social” aun cuando esta constitución fenecida sigue operando política y jurídicamente. Por otro lado, la propuesta constitucional se encuentra socialmente viva más allá de los resultados que pueda arrojar el plebiscito del 4 de septiembre. Esto último es particularmente importante. ¿Por qué?

Porque es el mismo nuevo texto constitucional (Propuesta Constitucional 2022, a ser plebiscitada el 4 de septiembre del presente año) el que establece y define sobre quien recae la soberanía y las consecuencias sobre quienes usurpen esa soberanía sin tener las facultades constitucionales para aquello. Esto se establecen en los artículos 2 y 16 como se señala a continuación:

Articulo 2

1. “La soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Se ejerce democráticamente, de manera directa y representativa, reconociendo como límite los derechos humanos en cuanto atributo que deriva de la dignidad humana”.
2. “Ningún individuo ni sector del pueblo puede atribuirse su ejercicio”.

Artículo 16

3. “Ninguna magistratura, persona ni grupo de personas, civiles o militares pueden atribuirse otra autoridad, competencia o derechos que los que expresamente se les haya conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias”.
4. “Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. La acción de nulidad se ejercerá en los plazos y condiciones establecidas por esta Constitución y la ley”.

Nuevamente, y como es la tradición histórica de la clase política, esta procede a la usurpación de la soberanía y de la democracia de los pueblos procediendo a modificar y acordar las modificaciones de un texto constitucional semanas antes que la voz de pueblo se haga escuchar en las urnas, sin que antes se haya depositado siquiera el primer voto convirtiendo en completamente irrelevante el concurrir a votar que de seguro será modificado sin la participación del pueblo, sin su deliberación. Se llama a votar por algo que no se será lo que estará en funcionamiento posterior al plebiscito.

Pero esta no ha sido la primera vez en que se usurpa la soberanía y la democracia de los pueblos.

Si se quiere ir más allá en la historia, las fuerzas militares golpistas-alzadas contra el gobierno del general Ramón Freire fue lo que derrumbó la Constitución de 1828 e impuso la ilegítima constitución de 1833 que rigió los destinos de Chile hasta 1925.

Fue posteriormente el gobierno de Arturo Alessandri, no respetando el dictamen del pueblo de convocar a una Asamblea Constituyente impuso nuevamente la constitución ilegítima de 1925 sin la participación del pueblo, sin su deliberación, constitución que rigió en Chile hasta el golpe de estado de 1973.

Quedando obsoleta la constitución ilegítima de 1925, la “legalidad” de la dictadura de Pinochet comenzó a regir desde el mismo 11 de septiembre de 1973 formalizando esa legalidad de facto en la constitución ilegítima de 1980 la cual fue asumida como propia por la Concertación durante la transición, posteriormente por la Nueva Mayoría y por las coaliciones de la derecha fascista como también por la izquierda reformista que desde 1990 luchó por ser incorporado al sistema político-jurídico ilegítimo emanado desde la dictadura y que se simboliza en el Partido Comunista. Esta constitución ilegítima gozó de buena vida gracias a la conciliación política-social entre las dos derechas (progresista concertacionista y fascista-pinochetista) con el beneplácito de la izquierda reformista extraparlamentaria hasta el estallido social del 2019.

En todos estos procesos la lucha de parte de los pueblos por su soberanía y democracia, por su autodeterminación e independencia, ha sucumbido ante la fuerza y poder de la clase política y al no contar con una dirección política popular y revolucionaria propia que es ahí donde radica la debilidad histórica de los pueblos y los trabajadores.

Todo indica que esta no será una excepción. Nuevamente la soberanía y democracia de los pueblos se verá obstruida, negada, pisoteada y todos los crímenes cometidos durante el estallido social caerán en el vacío como cayeron en el vacío todas las matanzas anteriores ante el peso y poder de la oligarquía, representada en el conjunto de la clase política y en la traición de los progresistas y reformistas de siempre.

Todo esto hace que el plebiscito se vuelva irrelevante y que la posición más digna y clara sea precisamente no validar un nuevo fraude, una nueva usurpación, una nueva violación de la soberanía, democracia y lucha de los pueblos y simplemente llamar a no votar, a abstenerse activamente y a no solar la bandera de la autodeterminación, y  a no abandonar aquello que el poder radica única y exclusivamente en el pueblo, y por ende, en los trabajadores porque en definitiva: Si todo lo producimos, todo lo decidimos.