CHILE: A 49 AÑOS DEL GOLPE CONTRA LA UNIDAD POPULAR. LA REPRESIÓN DE LOS REPRIMIDOS
Con el gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende ocurre lo que ocurre siempre cuando la historia comienza desde un relato paradisíaco, esperanzador pero cuyo desenlace es marcado por la tragedia y por una tragedia que traspasó la militancia de la UP y que duró nada menos que 17 años cuyos efectos se pueden sentir ahora el 2022.
Las esperanzas de los pobres de la ciudad y del campo que fueron acumulando se cristalizaron en el triunfo de Allende convirtiéndose en el primer presidente socialista-marxista electo y con la intención de implantar el socialismo desde dentro de los marcos del derecho burgués, por la vía pacífica desoyendo todos los elementos teóricos de las ciencias sociales y del marxismo mismo que señalan aquello como imposible únicamente por la existencia de la lucha de clases, de ese antagonismo irreconciliable y donde la clase dominante defendería sus intereses bastardos con todo. El final estaba escrito ya en el mismo día del triunfo electoral y muchos antes.
Pero si obviamos el romanticismo de los tres años de la Unidad Popular, si quitamos el liderazgo único de Salvador Allende y si nos abstraemos de los crímenes de lesa humanidad, del terrorismo de Estado que vino después, queda al desnudo un proyecto reformista que, más allá de su programa, asume la conciliación de clases por sobre la lucha de clases, inscribe su revolución dentro del largo camino del régimen portaliano-oligárquico y donde reconoce como válido la esencia “republicana” que según los teóricos de la UP se representaba en la efectividad de la democracia burguesa, el respeto al Estado de Derecho, orden público y donde concebían a las fuerzas armadas leales a la constitución, a la leyes, respetuosas de su subordinación al poder político civil, por tanto, fuerzas armadas democráticas sin tomar en cuenta en esa elaboración teóricas las ya 25 matanzas que esas mismas fuerzas armadas cargaban sobre sus espaldas y con sus manos inundadas y empapadas de sangre. Ese era el proyecto reformista de la Unidad Popular.
Este recuerdo, y este mini análisis, cobra hoy mucha más importancia a la luz del desarrollo del gobierno del progresismo encabezado por Gabriel Boric y donde nuevamente las esperanzas de millones están puestas en esta nueva elite gobernante y donde la ilusión de hacer los cambios, derrotar a la clase dominante desde su propia institucionalidad nuevamente se instala pudiendo tener un desenlace no como tragedia sino como comedia.
Pero en todo esto, con llanto y emociones encontradas incluidas, hay algo, que producto de lo anterior, queda siempre debajo de la alfombra y es la relación del gobierno de Allende con el ejercicio de la represión del Estado contra los movimientos de izquierda revolucionaria que no compartían la vía pacífica al socialismo, que asumían la lucha armada y que concebían la revolución socialista desde afuera y desde abajo y no como lo pensaba Allende y los suyos que era desde dentro y desde arriba.
En ese sentido el libro “En los márgenes de la institucionalidad. Los casos de la Vanguardia Organizada del Pueblo, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y el Comando 16 de Julio” (F.Guerra, P.Zaldívar y V. Valenzuela, Editorial Tempestades, Colección de Investigación, 2018) entrega pistas y datos de suma importancia que permite configurar esa historia pasada con mayor precisión, con mayor realismo y menos poesía.
Cuando los autores en el primer capítulo donde analizan la relación del gobierno de Allende con la VOP, estos jóvenes historiadores señalan:
“De esta forma la elección de un determinado repertorio represivo se transformó en un claro mensaje político direccionado a dos grandes receptores distintos, por una parte buscó mostrar firmeza, control y una respuesta enérgica en la disputa política con el resto de los partidos y actores sociales que criticaban a la vía chilena al socialismo por su inestabilidad e inviabilidad en la administración estatal, pero por otra parte buscó ser un mensaje directo a interior de la propia izquierda definiendo los límites de la acción política, las formas de entender la izquierda y excluyendo aquellas prácticas consideradas ajenas a cierta tradición política”.
Más adelante señalan:
“Las formas que adquiere la acción estatal para conseguir el control social van desde el incentivo, la persuasión, el compromiso, la aceptación, la asimilación, hasta la coerción adquiriendo una serie de tonalidades desde donde se pueden comprender el entramado estatal. Es en este punto que observamos la comprensión de la coerción y la represión como una excepcionalidad en que se funda el Estado moderno, pero que a su vez es la base de su propia esencia y accionar de forma permanente”.
Resulta interesante cómo la UP asumía también el discurso del “orden público”, el respeto al “Estado de derecho” como propio para luego asumir también, posterior al ajusticiamiento del ex ministro del interior del gobierno anterior de Eduardo Frei Montalva, Edmundo Pérez Zujovic a quién la izquierda lo hacía responsable de las matanzas de Puerto Montt y Salvador. El ajusticiamiento fue realizado por la VOP y ante esto el gobierno de Allende reaccionó con energía. A este respecto los autores del libro en cuestión señalan los siguiente:
“El primer movimiento fue decretar zona de emergencia en la provincia de Santiago, la argumentación se basó principalmente en “una situación de calamidad pública, con ocasión del criminal atentado (…) lo que constituye un recrudecimiento de los actos de violencia que sufre el país durante el mes de septiembre de 1970”.
“Es así que como mediante el decreto supremo Nº 146 del 8 de junio de 1971 se estableció el toque de queda entre las 01:000 hasta las 06:00 hrs, el acuartelamiento en primer grado, la prohibición de divulgación de noticias o información que pudiese incitar a la alteración del orden o producir pánico en la población civil, el control de tránsito de las personas durante el día, y la suspensión del tránsito aéreo”.
“En aquel mismo decreto se nombraba como jefe de plaza al general Augusto Pinochet Ugarte, quien designa a varios militares y carabineros en las distintas comunas, varios de los cuales ocuparán cargos importantes en el ejército durante la dictadura militar y luego como procesados en causas por violaciones a los DD.HH”. Con todo el gobierno desató una represión a gran escala.
Ante este cuadro, Salvador Allende declaraba que:
“No es que hayamos dudado jamás de la dedicación o de la responsabilidad con que investigaciones encarará su tarea, sino que hemos querido poner en movimiento todos los recursos que el Estado tiene a fin de acelerar la detención de los culpables, obtener su ejemplar sanción y además avanzar hacia aquellos que indiscutiblemente han instigado este delito y otros delitos, hechos que son como dijera, extraños a la historia de Chile”.
Resulta importante el testimonio de uno de los primeros detenidos de la VOP en este caso, Alejandro Villarroel que da testimonio de tortura:
“No lo conocía, nunca había estado con él. Me recibió y yo ahí lleno de moretones, herido, destrozado por la tortura con corriente eléctrica, respondiendo lo más decentemente que podía, porque me dolían hasta las muelas”.
Una vez apresado parte del comando de la VOP que participó en el ajusticiamiento del ex ministro, el resto se parapeta en una casa de seguridad la cual es rodeada por efectivos militares y de carabineros. A este respecto los autores señalan:
“Fue tal el nivel de enfrentamiento entre un puñado de miembros de la VOP contra investigaciones, carabineros y el ejército, que los intensos tiroteos se prolongaron hasta bien entrada la madrugada sin posibilidad de reducir a los parapetados mientras tenían cercadas cuadras completas con vehículos blindados. Las versiones de prensa y testimoniales de la época coinciden en indicar un profundo grado de confusión y descordinación en el actuar contra los vopistas, muchas veces sin tener claridad completa de las formas y disposiciones en que las distintas fuerzas de seguridad actuaron aquella noche”.
Después de estos hechos propio de una guerra, Salvador Allende señalaría, al ser citados por estos historiadores:
“Se trataba de falsos revolucionarios o psicópatas sanguinarios. Falsos revolucionarios aliados con delincuentes, y falsos revolucionarios, seguramente infiltrados por sectores ultra reaccionarios. No había otra posibilidad” …”la revolución las hace las masas organizadas y disciplinadas, con un alto nivel político, y no los hechos esporádicos de un atentado determinado (…) de dónde vienen y adónde van esos atentados terroristas que nunca fueron de la clase obrera organizada ni de los partidos auténticamente revolucionarios”.
Curioso resulta esta actitud de suma agresividad y violencia contra militantes y organizaciones de izquierda revolucionaria la cual no se tiene con la misma ferocidad con los comandos terroristas de ultraderecha, Frente Nacionalista Patria y Libertad y Comando Ronaldo Matus, o con las unidades militares alzadas previas al golpe militar del 11 de septiembre de 1973.
La única explicación a este respecto es que la Unidad Popular y Salvador Allende no estaban dispuesto a permitir que sus bases de apoyo popular fueron disputadas por otra visión contraria a la vía pacífica al socialismo o contraria a esta. No estaban dispuestos a perder la hegemonía del proceso, la conducción de las masas, por más que estas fueran también disputadas por la burguesía, por la reacción. Los enemigos directos en esa disputa era la izquierda revolucionaria y no los enemigos de clase. Grave error.
Pero en ello la defensa de la hegemonía y monopolio de la conducción sobre el proceso cometió otro grave error al definir a estos militantes revolucionarios como psicópatas o falsos revolucionarios. Quitarles la condición de seres humanos en ejercicio pleno de sus facultades, es equivalente a despojarlos de su calidad de seres humanos contra los cuales es posible acometer todo tipo de atrocidades, como fue la aplicación de torturas y de corriente, por cuanto ya no son seres humanos cuerdos. Aquello de definirlos como “falsos revolucionarios” va también en la misma dirección también al reducirlos como “infiltrados”, vale decir, como los enemigos del proceso y una forma de construir también o transformarlo en una expresión del “enemigo interno” contra el proceso popular cuando en realidad si se tuviera que definir algo como el “enemigo interno” en esa época, ese era la oligarquía, la burguesía sometida a los intereses imperialistas. Pensar que un grupo de no más de 50 militantes tenía la capacidad de poner en peligro el conjunto del proceso es asumir la debilidad del proceso, la falta de claridad ideológica y el temor a que debido a lo anterior las masas adquirieran la autonomía y claridad suficientes para engrosar las filas de la otra visión revolucionaria. La izquierda revolucionaria era potencialmente peligrosa para los fines estratégicos del reformismo que se concebía como la única versión válida de revolución y de socialismo. El desenlace final demostraría que el enemigo de clase nunca fue combatido con seriedad y la posterior evaluación que hiciera el Partido Comunista de Chile (ver documento del Partido Comunista de Chile, “El Izquierdismo caballo de troya del facismo”.) sobre el golpe de estado, en forma irresponsable y acrítica, achacaría toda la responsabilidad al supuesto infantilismo de la izquierda revolucionaria, en especial al MIR, y no a la agudización al extremo de la lucha de clases, a entrar esta a un período pre-revolucionario y a la ausencia de una estrategia revolucionaria de poder por quienes se encontraban al mando del gobierno y del Estado.
1990. Reinicio de la represión del reformismo contra el movimiento popular y revolucionario
Instalada la transición pactada a la democracia entre los partidos burgueses tradicionales, el reformismo, junto a las fuerzas de la dictadura, cuyo líder fue el ex golpista democristiano Patricio Aylwin, este recibió el apoyo desde el Partido Comunista, y sus aliados inmediatos hasta la Democracia Cristiana.
Una vez instalado Aylwin, y en base a los acuerdos de espaldas al pueblo que se llegó antes de 1990, se impuso la “democracia de los acuerdos” o mejor dicho la “democracia, la justicia y la igualdad en la medida de lo posible” donde la impunidad a los asesinos estaba asegurada pero esencialmente el conjunto de la institucionalidad y del sistema de dominación impuesto durante la dictadura se debería mantener por cuanto era lo que sustentaba los intereses tanto de la oligarquía como del imperialismo.
Para afianzar y perfeccionar el neoliberalismo, era necesario desarticular y reprimir al movimiento popular nacido bajo la dictadura como al movimiento armado que la combatió. Tan pronto como iniciada la transición se inició una nueva etapa de la historia de prisión política. Se conformó la Oficina de Seguridad Pública, se realizaron asesinatos en falsos enfrentamiento contra militantes revolucionarios. A los militantes de organizaciones revolucionarias armadas fueron torturados física y psicológicamente, se realizaron montajes político-policiales. La prensa reaccionaria actuó en coordinación con esa política represiva condenando mediáticamente a los detenidos antes que saliera o se realizara un proceso judicial justo. Se creó la Cárcel de Alta Seguridad. Se promulgaron nuevas leyes represivas. Se criminalizó al movimiento social y se lo infiltró. Se creó la Agencia Nacional de Inteligencia. En el caso de los procesos judiciales contra el movimiento mapuche se permitió los testigos sin rostro. Se militarizó la Araucanía. Y desde 1990 hasta el 2019, los gobiernos, las fuerzas represivas, asesinaron alrededor de 100 personas en contexto de protestas sociales algunos de los cuales eran militantes revolucionarios.
Esta represión desatada fue fundamental para realizar la labor de perfeccionamiento y de consolidación del neoliberalismo que al igual que en tiempos de la dictadura, la dictadura de Pinochet no habría podido imponer el neoliberalismo sin los Chicago Boys pero tampoco sin que estos hubiesen contado con la colaboración de los Pinochet Boys, vale decir, de la Dina, de la CNI, del Comando Conjunto y de otros organismos de exterminio. Asi, la Concertación y Nueva Mayoría no habría podido perfeccionar el neoliberalismo sin la Oficina, sin la ANI, sin las políticas represivas que también contaron con la cooperación de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, ahora al servicio de la transición , como de antiguos agentes de los servicios de exterminio de la dictadura como de militantes de los partidos reformistas de la Concertación que durante la dictadura fueron formados militarmente en los países de Europa de Este para combatir la dictadura.
Es curioso que como la Unidad Popular no estuvo disponible para que desde la izquierda revolucionaria fuera disputada su hegemonía sobre el movimiento popular y sobre el proceso desatado en ese momento bajo el gobierno de Salvador Allende desatando la represión antes descrita, la Concertación tampoco estuvo dispuesto a que su hegemonía sobre la transición fuese disputada desde también de la izquierda revolucionaria desatando también la represión. En ambos casos, las políticas represivas actuaron en defensa de esa hegemonía y monopolio sobre los procesos políticos, pero también bajo la premisa que los procesos debían ser conducidos única y exclusivamente por las alianzas políticas en el poder, Unidad Popular y Concertación, desde el Estado y respetando los marcos que el mismo Estado represor burgués le otorgaba a esas alianzas y proyecto político y que ambas habían jurado respetar, pero hacer respetar también a como diera lugar.
Este es uno de los costos cuando los procesos sociales de transformación son definidos, sus estrategias, desde arriba, desde el Estado como el epicentro de esas transformaciones donde el pueblo deja de ser el soberano, y pasa ser solamente la comparsa, el acompañante, el ejecutor de las políticas del Estado, de los partidos políticos en el poder que actúan como verdaderos sabios que poseen la razón y la inteligencia suficiente para imponer las políticas verticalmente y en forma autoritaria o dictatorial. En ambos casos, y en desde la transformación desde arriba, cualquier intento por crear poder popular, por convertir al pueblo como verdadero protagonista, de desarrollar un proceso donde el pueblo y los trabajadores sean los verdaderos soberanos, intentar que el poder real-soberano-constituyente radique en ello o impulsar la formación de un poder paralelo, estos procesos sin duda alguna serán reprimidos sin importar el color político de los gobiernos de turno. La defensa del Estado burgués y su supremacía sobre el conjunto de la sociedad, y desde la clase dominante, puede más que cualquier discurso para la galería, o más que cualquier programa por más transformador que sea que provenga de cualquiera de las corrientes políticas-ideológicas reformistas. En definitiva, el reformismo en cualquiera de sus vertientes asume la represión contra el movimiento popular y no duda en avanzar en la construcción de un Estado policial al igual que la derecha con métodos similares.
2019: el reformismo al salvataje del Estado y gobierno asesino, genocida.
Así aquí, el lector podría perfectamente pensar que estas opiniones son una exageración y una injusticia de marca mayor en los juicios con los casos presentados ocurridos tanto durante la Unidad Popular como en la transición a la democracia con la Concertación. El argumento justificatorio para rechazar los planteado más arriba, que podría ser tildado como injusto, ser podría basar en que el proceso de la Unidad Popular era ya lo suficientemente complejo debido a la ofensiva reaccionaria-patronal para también aguantar la ofensiva desde el campo revolucionario, entonces, el gobierno de Allende debía “ordenar la casa”. En el caso de la transición, también, la reinstalación de la democracia burguesa, la transición, era demasiado débil para que desde el campo revolucionario se “pusiera en riesgo la naciente y frágil democracia”. Ambos argumentos son errados porque nada justifica esas políticas represivas, pero si tuviéramos que concederles alguno grado de “validez” para demostrar que efectivamente el reformismo entraña un contenido represivo al servicio de la clase dominante bastaría con que el lector mirara los hechos recientes de nuestra historia para que se diera cuenta que nuestro planteamiento, alejado de cualquier emocionalidad, es justo y verídico.
Desatado el estallido social del 2019, el conjunto de la clase política, del poder, sintió que su zona de confort histórica, y consolidada desde 1990 hasta ahí, se ponía en riesgo. La masividad de las protestas, la creatividad creciente de las masas, el ejercicio de la violencia popular, la aparición de la o las Primera(s) Línea(s) como verdadero movimiento miliciano desató la más cruel represión jamás visto en la historia de Chile contra un alzamiento popular y quizás sólo comparable con el genocidio desatado contra el pueblo Mapuche. La matanza de la Escuela de Santa María (1907) fue una masacre. Las ametralladoras se descargaron brutalmente en contra de una masa obrera que se encontraba con los brazos caídos a la espera de una respuesta, en forma pacífica y desmovilizado como desarmados, engañados y acorralados. En el caso del estallido, la masacre llevada a cabo por el gobierno de Piñera fue llevada a cabo con la brutalidad de controlar y someter al pueblo movilizado. En ambos casos una crueldad superlativa.
Pero lo curioso, es que desatado el estallido la Concertación y los partidos de la derecha, el parlamento en su conjunto, es decir, el conjunto del partido del orden, actuó coordinadamente en defensa del gobierno pero también en defensa del Estado, de la constitución, de las leyes y del respeto al orden público. No es el objetivo de este articulo enumerar todas las formas de ejecución criminal que tuvo el gobierno de Piñera porque es ampliamente conocido y se encuentra documentado en los mismos testimonios de las miles de víctimas pero si es el objetivo mencionar cómo reformistas y fascistas jsutificaron esa represión mediante la promulgación de nuevas leyes represivas, aumentando las facultades de las policías para sofocar las manifestaciones, acordar la promulgación del Estado de Sitio y de Excepción, guardar silencio con la militarización de las ciudades alzadas, aprobar nuevas partidas de financiamiento a las policías militarizadas en el ejercicio de las labores represivas pero esencialmente justificar todo aquello mediante el discurso político que como el senador socialista, José Miguel Insulza, llamaba a la represión.
Pero lo más significativo, es como el conjunto del reformismo corre al rescate del gobierno asesino y genocida de Piñera. La firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en medio del estallido social, 15 de noviembre del 2019, tuvo como objetivo evitar la caída de Piñera y del Estado mismo. Tuvo la misma función que el Acuerdo Nacional firmado durante la dictadura en 1985, es decir, salvar al Estado Opresor e imponer el manto de impunidad sobre los crímenes que se estaban cometiendo contra el pueblo en la defensa de ese mismo Estado asesino. En ambos casos se buscaba con esos acuerdos nacionales la tan preciada “normalización democrática” volver el descontento social hacia los cauces democrático-burgueses, hacia dentro del Estado represor para que este mismo Estado represor-asesino continuara con las supuestas transformaciones desde arriba ejerciendo nuevamente, y para siempre, ese monopolio y hegemonía de los procesos desatados por el mismísimo pueblo usurpando nuevamente su soberanía y poder constituyente. El reformismo es entonces corresponsable de los crímenes cometidos durante el estallido social ya por acción o por omisión. En cualquier caso por complicidad.
2020. El gobierno de Boric: predicar de moral con el miembro a la vista.
Uno de los efectos de la firma del Acuerdo Nacional del 2019 fue el itinerario electoral para la instalación de la Convención Constitucional, o de la no asamblea constituyente, que redactara una nueva constitución capitalista. Cabe señalar que ese itinerario y convención se realiza sobre la sangre derramada, sobre la no investigación y encarcelamiento de los asesinos, pero eso al nuevo reformismo poco le importa como tampoco le resultó moralmente reprochable firmar ese acuerdo junto a las fuerzas políticas criminales comprometidas con el genocidio en curso como tampoco firmarlo con la existencia de nuevos presos políticos esta vez de la revuelta. Ahí no hubo contradicción moral alguna si una prédica moralizadora, casi virginal o sacada de algún texto bíblico.
Desde ese discurso moralizador, desde ese acuerdo nacional vino la instalación del gobierno de Boric y nuevamente, y a corto andar del gobierno progresista de nueva generación, aparece la veta represiva contra las manifestaciones sociales por demandas justas. Se vuelve a validar el discurso represivo del orden público, de la seguridad ciudadana, de respetar el orden constitucional, vale decir, respetar y hacer respetar la mismísima constitución de Pinochet-Lagos y ya no hablar de refundación de la policía militarizada de carabineros sino darle todo el apoyo a su función criminal. No contento con ello se promulga sucesivamente el Estado de Excepción en el Wallmapu en la prolongación de la antigua “pacificación” de la Araucanía sin ningún tapujo. Se continúa con la represión contra las manifestaciones de estudiantes secundarios y el libreto represivo del reformismo se vuelve a repetir como antaño.
Para concluir. ¿Cuál es la esencia del reformismo?
Ejemplos podemos dar hasta el infinito donde tampoco se libraría el gobierno de Eduardo Frei II, como tampoco el de Michelle Bachelet que tuvo la “gentileza” de enviar a más de 200 militares activos a ser entrenados en la Escuela de Panamá o que le solicitara ayuda al FBI para realizar una mejora política represiva de inteligencia contra el movimiento de liberación nacional mapuche….Boric también en los tres años, y algo más, que le queda de su gobierno nos disgustará con nuevas represiones y con nuevas alianzas también con la derecha fascista para esos fines represivos contra su querido y amado pueblo. No nos podremos sorprender.
Pero ¿cuál es entonces la esencia del reformismo?
Podríamos decir, que la labor del reformismo, desde la perspectiva ideológica y política, es quitarle a la ideología revolucionaria toda su potencia, desbaratarla. Es introducir la ideología burguesa con envoltorio de justicia social al interior del campo popular, de la clase trabajadora y de los pueblos y sembrar la confusión con la finalidad perpetuar el sistema de dominación mediante reformas eternas.
En el plano político es afianzar la colaboración de clases, asegurar la buena salud de la constitución y de las leyes, del aparto del Estado y de domesticar todos los movimientos sociales que nazcan como consecuencia de la tan temida lucha de clases.
Y en el campo de la represión, ya lo hemos visto, dar rienda suelta al garrote, al grillete y al fusil cada vez que la oligarquía así lo mande.
En tal perspectiva, para cualquiera que desee transformar revolucionariamente la sociedad no puede perder de vista lo nefasto que es el reformismo, sus partidos, y la función que estos prestan, históricamente, al servicio de la clase dominante. Como tampoco pueden perder de vista, por más atrayente que sean sus discursos que estos partidos constituyen, son parte de esos enemigos del pueblo del cual nos hablaba Lenin cuando nos interpela preguntando ¿Quiénes son los enemigos del pueblo? Bueno, los reformistas son una parte importante de esos enemigos y así los trabajadores y pueblos debemos ser los suficientemente claros y sólidos política e ideológicamente, y más allá de cualquier sentimiento noble o emocionalidad, de no verlos como lo que son, de distraernos ni menos caer en sus redes o apoyar de cualquier forma las salidas burguesas a las sucesivas crisis del capitalismo que se presenten ahora o en el futuro. La independencia de clase y el no colaboracionismo de clase son cardinales para no perdernos y para no terminar trabajando al servicio del enemigo.
¡Honor y gloria a los caídos que ofrendaron sus valiosas vidas sinceramente y animados por los más profundos sentimientos de justicia social y de liberación de la clase oprimida!
¡El color de la sangre no se olvida!
